Lío en la obra de reforma del Palacio de Congresos de la calle de Torrijos, que impulsa la Junta de Andalucía. Así se desprende de la denuncia que ayer hicieron las subcontratas de este proyecto, que explicaron que llevan sin cobrar desde el pasado mes de febrero, lo que amenaza las obras que se están realizando en el histórico edificio, aledaño a la Mezquita-Catedral. Los empresarios achacan la demora en los cobros, que está colocando sus cuentas en una situación muy comprometida, a las diferencias que existen entre la empresa adjudicataria, Aldesa, y la Administración autonómica. La Junta declinó ayer hacer declaraciones al respecto, aunque los responsables de las subcontratas sospechan que puede haber un conflicto "de precios contradictorios" entre ambas partes; o sea, de diferencias entre lo presupuestado inicialmente y el coste final. "El problema lo tienen ellos, pero los perjudicados somos nosotros, porque con los impagos nos están ahogando y nos colocan en una situación muy angustiosa", explicó uno de los empresarios a el Día.

La parálisis de las obras de la que informaron compromete muy seriamente los últimos plazos que dio la Junta, allá por el mes de febrero, para la finalización de la reforma. La delegada del Gobierno, Rafaela Crespín, anunció entonces que la iniciativa estaría concluida para el verano. Tal perspectiva se nubla de forma evidente si se tiene en cuenta que las subcontratas afectadas estiman que todavía les quedan labores de un par de meses de duración para concluir lo que estaba previsto y ahora mismo se trabaja a ritmo casi testimonial. La polémica que ahora surge por los impagos supone un contratiempo importante para uno de los proyectos más señeros que la Junta emprendió en Córdoba tras la victoria del PP en las últimas municipales y tampoco resulta una buena noticia para la candidata socialista a la Alcaldía, Isabel Ambrosio, cuya figura está ligada a este proyecto dado que la mayor parte del mismo se realizó mientras ella ocupaba la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba. En cierto modo, la obra de reforma del Palacio de Congresos se planteó como un contraataque del cogobierno autonómico de PSOE e IU frente a la decisión del alcalde, José Antonio Nieto, de enviar al cubo de la basura el eterno proyecto del Palacio del Sur para apostar por otra propuesta congresual distinto en el Centro de Convenciones. Uno de los grandes atractivos de la reforma del inmueble de la calle Torrijos es que permitiría a Córdoba multiplicar su oferta congresual en un plazo relativamente breve, pero los retrasos que se han producido empañan esa característica. La Junta siempre ha defendido que este proyecto se adecuaba de modo ajustado a lo que la ciudad demanda y a lo que se podía hacer en tiempos de graves dificultades presupuestarias.

Aunque hasta ahora no se habían hecho públicos los problemas financieros del proyecto de remodelación, uno de los empresarios consultados por este periódico señaló que desde el inicio de la segunda fase de la obra se han producido graves dificultades, de tal modo que una iniciativa que en principio les resultó muy atractiva a los subcontratistas por su visibilidad pública amenaza con convertirse en un infierno. "Esto no ha ido bien nunca", señalaron, e incluso se plantean serias dudas sobre si seguirán con sus labores en el caso de no que se encuentre una solución. Por ahora, la respuesta que encuentran en la sede madrileña de Aldesa es "que los pagos están bloqueados y que tampoco se nos admiten los certificados de obra". En total, hay cinco compañías afectadas, dedicadas a distintas especialidades como albañilería, estructuras y cerrajería, montaje o climatización.

La segunda fase de la obra de reforma del Palacio de Congresos se adjudicó en junio de 2014 y tenía en un principio un año de plazo de ejecución, según dio a conocer el por entonces consejero de Turismo, Rafael Rodríguez. Aldesa se hizo con esta iniciativa al imponerse su propuesta a otras realizadas por empresas como Sacyr, Bauen o las cordobesas Jícar y Canval. En total, el proyecto, en el conjunto de sus dos fases, tiene un coste presupuestado de 3,5 millones. La fase actual se centra en el salón de actos en sí, que pasará de una capacidad de 500 plazas a 775 y que dispondrá de diversas innovaciones técnicas para que pueda usarse como espacio polivalente y no sólo como salón de actos. Los empresarios del sector congresual han subrayado en diferentes ocasiones lo urgente de esta obra, ya que ahora mismo la ciudad apenas cuenta con espacios dignos para poder mantener su oferta de congresos de una forma adecuada.