Casi nadie apostaba por que la actual delegada de Educación, Cultura y Deporte de la Junta en Córdoba seguiría al frente de la delegación después del Consejo de Gobierno de ayer, toda vez que ella misma había puesto su cargo a disposición del consejero del ramo, Luciano Alonso. Tan es así, que incluso en la propia Administración de la Junta en Córdoba se estaba especulando desde hace unos días si las competencias de Gómez pasarían a la actual delegada del Gobierno, Rafael Crespín, o de un alto funcionario. Sin embargo, el Ejecutivo de Susana Díaz ha dado un giro inesperado y, lejos de aplacar la polémica, ha echado más leña al fuego al decidir que Gómez continúe al frente de sus competencias hasta que se nombre un nuevo gobierno.

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, fue el encargado de intentar ofrecer una explicación creíble a este gesto de protección hacia Manuela Gómez, quien presentó su renuncia tras conocerse que había enviado una carta, con membrete oficial y su firma, en la que felicitaba a sus jefes de servicio por el trabajo realizado para que el PSOE ganara las elecciones del 22 de marzo.

Jiménez Barrios habló ayer del asunto a petición de los periodistas y se limitó a decir que en estos momentos la prioridad y lo que les ocupa es un proceso de matriculación y puesta en marcha del próximo ejercicio educativo. Por ello, el vicepresidente en funciones no cree oportuno que la delegada provincial sea cesada en estos momentos, aunque dejó claro que no volverá a repetir en el cargo. Jiménez Barrios destacó que Gómez reconoció su error "públicamente", puso su cargo a disposición y dijo que no quería repetir en el mismo. El consejero vino a decir además que, dado que resta poco tiempo para la formación de un nuevo gobierno, no procede el relevo.

Pese a los argumentos del vicepresidente de la Junta, el proceso de escolarización está ya muy avanzado, por la que la intervención de una cargo político -como es una delegada- en el mismo es prácticamente nulo, toda vez que los servicios de planificación de Educación son los que se encargan de esas cuestiones. En cuanto al poco tiempo que queda de legislatura, a Jiménez Barrios se le recordó en su comparecencia de ayer que hace apenas una semana se cesó a dos delegados de la Junta en Jaén y Sevilla y que entonces no se argumentó que la acción del gobierno está llegando a su fin.

Desde el PSOE de Córdoba prefirieron no valorar este gesto y respetar lo acordado por el Consejo de Gobierno, si bien algunos dirigentes consultados reconocieron que no esperaban esta solución a la polémica generada hace unos días.

Mucho más crítico se mostró el Partido Popular, cuyo parlamentario electo Miguel Ángel Torrico lamentó que el Consejo de Gobierno en funciones de la Junta de Andalucía se muestre "cómplice y partícipe del uso partidista de esta institución pública" por parte de Manuela Gómez. Torrico se mostró sorprendido por la decisión de no destituir a la delegada cordobesa tras quedar demostrado que utilizó su cargo público en la Junta de Andalucía con fines partidistas y electoralistas, y tras haber puesto su cargo a disposición del Consejero. "De este modo se confirma que el gobierno andaluz del PSOE ampara este tipo de actuaciones y se siente legitimado a utilizar lo público en beneficio personal, de su partido o de sus intereses", criticó.

En su opinión, "no debería de haber pasado ni cinco minutos desde que se conoció este hecho lamentable para haber destituido de forma fulminante Gómez de su puesto". "El PSOE en Andalucía, después de 33 años en el poder, cree que puede utilizar la Junta de Andalucía como si fuera su cortijo", afirmó. Miguel Ángel Torrico también puso en duda la credibilidad del PSOE en Córdoba, de la delegada del Gobierno Andaluz - Rafaela Crespín- y de la candidata a la Alcaldía -Isabel Ambrosio- cuando daban por hecha la destitución de Gómez.

El coordinador provincial de IU, Pedro García, calificó como "surrealista" que una delegada no quiera continuar en el puesto y que el consejero rechace esa petición. Además, lamentó que "la tónica del PSOE siga siendo esa, la de confundir lo que es el partido con las instituciones que gobierna". El también candidato a la Alcaldía de Córdoba por IU apuntó que este gesto del Consejo de Gobierna "es un palito" a la número uno de los socialistas para las municipales, Isabel Ambrosio, "que fue la más contundente a la hora de exigir responsabilidades. Ahora se ha demostrado cuál es su peso en el partido", sentenció Pedro García.

Sorpresa también entre los sindicatos, sobre todo los que con más ahínco pidieron explicaciones por la carta de Manuela Gómez. Así, el CSIF de Córdoba dijo ayer que no entiende la decisión tomada por el Consejo de Gobierno de la Junta de mantener en su puesto a la delegada provincial de Educación, Cultura y Deporte, Manuela Gómez. El sindicato consideró "muy grave" que "se utilicen medios públicos para cuestiones de partido".

La presidenta de CSIF en Córdoba, Francisca Carretero, volvió a reclamar a los representantes del Gobierno andaluz que respeten la independencia de los trabajadores públicos, que siempre destaca por "su labor seria, rigurosa e independiente, siempre alejada de todo aspecto político y partidista y con el único objetivo de ofrecer un servicio de calidad al ciudadano".

Desde la Federación de la Enseñanza de UGT Córdoba (FETE), Aurora Ramírez comentó que "nosotros no ponemos ni quitamos delegados, pero lo que ha hecho el Consejo de Gobierno no beneficia a nadie". Así, la dirigente sindical insistió en la "mala gestión" que se ha realizado en el ámbito educativo por parte de la Junta e incidió en que "la primera perjudicada" con este gesto puede ser la propia Manuela Gómez.