Los centros educativos públicos han sufrido una rebaja de sus partidas para gastos de funcionamiento de entre un 20% y un 30% durante los dos últimos años, según revela un informe realizado por la Central Social Independiente y de Funcionarios (CSIF). Este documento hace especial hincapié en que en "nuestros colegios se está aplicando una economía de guerra, al estar ahogados económicamente hasta tal punto que se llegan a pagar reparaciones en algunos casos extremos con el dinero recaudado que se le pide a los padres para fotocopias", insiste la presidenta del sector de enseñanza de CSIF en Córdoba, Elena García, para añadir que "si echamos un vistazo a los presupuestos generales de la Junta de Andalucía del pasado año vemos que estos fondos de Educación se recortaron en un 10%, mientras que si miramos los de 2015 a este porcentaje tenemos que sumarle el 20% de rebaja de este año".

"En este tema llueve sobre mojado. La economía de guerra ha llegado, por ejemplo, hasta el punto de que en los centros se han llegado a aminorar los gastos en servicios tan básicos como el de la calefacción, dado que no cuadran las cuentas, con el consiguiente perjuicio para el alumnado", sentencia.

Con este panorama, la dirigente sindical califica la situación de los centros de enseñanza pública como "precariedad no exenta de cierto dramatismo; ya que en muchos casos, por ejemplo, el primer ingreso del curso escolar que realiza la Consejería se dilata hasta el mes de febrero y los equipos directivos tienen que echar mano del escaso remanente que les quedó, dar prioridad a facturas y sobrevivir a duras penas", apostilla García.

En este sentido, explica que la Administración autonómica realiza cuatro pagos a los centros de enseñanza. "Los tres primeros suelen ser en octubre, enero y abril, mientras que el cuarto y último suele ser de menor cuantía y se realiza para gastos imprevistos y para tener algo para el curso siguiente", destaca.

Según García, "una cosa es predicar y otra dar trigo, cuando desde la Junta se lanzan proclamas en defensa de la educación pública y después se somete a los centros a una especie de economía de guerra, sin surtirlos de fondos hasta mediado el curso, recortando la partida y actuando con arbitrariedad e improvisación", ironiza la presidenta del sector de enseñanza del CSIF: "Ni el algoritmo utilizado para determinar la cuantía de los gastos de funcionamiento permite ninguna cuestión específica del centro, a pesar de existir realidades muy diversas, ni la Delegación Provincial de Educación tiene margen de maniobra alguno frente al centralismo impuesto desde Torretriana".

Asimismo, la tramitación electrónica implantada en los centros públicos cordobeses a través del programa Séneca, que teóricamente agilizaría el aspecto contable de los centros, propicia una doble contabilidad de los centros entre los denominados "ingresos previstos" y "los ingresos reales". Además, los secretarios deben aceptar esta doble contabilidad, porque "si no firman el ejercicio económico del curso anterior antes del 30 de octubre no reciben el primer pago del presente. Esto se suma a la previsión de la Consejería de eliminar las partidas por programas educativos, lo que les confería alguna maniobrabilidad a los centros y a que el recorte de los gastos de funcionamiento ha recaído exclusivamente en los centros públicos, porque a los concertados se les ha congelado, nunca recortado", según afirma la representante de CSIF.

"En los centros existe angustia e indignación en los equipos directivos ante la imposibilidad de acometer mejoras o reparaciones. No pueden hacerse labores de mantenimiento salvo casos extremos, existe ahogo en los institutos por la presión fiscal en recibos como el Impuesto de Bienes Inmuebles, la basura o el agua, problemas lógicos con los proveedores y se pagan gastos de funcionamiento, incluso, con el dinero recaudado de las fotocopias", concluye García.

La dirigente sindical avanza también que su formación baraja distintas medidas de presión "si no se deja de castigar de esta manera a la enseñanza pública desde la Junta". "No cejaremos; esto no se va a quedar sólo en una denuncia pública. Hemos presentado un escrito de rechazo al presupuesto dirigido al consejero y no descartamos movilizaciones, concentraciones u otro tipo de medidas de presión si la Administración autonómica continúa con esta política de recortes en los fondos de mantenimiento de los centros de enseñanza pública", amenaza.