Córdoba

Los centros sanitarios registran 95 agresiones a profesionales en 2014

  • Los ataques físicos han descendido un 60% en los últimos tres años, pasando de 45 en 2011 a 18 el pasado año El SAS cuenta con un plan de prevención y atención para estos casos

Los centros sanitarios cordobeses registraron el pasado año 95 agresiones a profesionales, 18 de ellas físicas, según los datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esta cifra es muy similar a a la de 2013, cuando hubo 79 ataques en total, 11 de ellos físicos. Sin embargo, en los últimos cuatro años se ha producido un descenso en el número de agresiones a sanitarios, especialmente en lo referente a violencia que conlleve contacto directo.

Así, en 2011 en la provincia de Córdoba se dataron 143 casos, 45 de ellos físicas. En cuanto a actitudes violentas en general contra profesionales del SAS, esto supone una bajada de un 33,5% en los últimos tres años, mientras que respecto a ataques con golpes ha sido de un 60%. La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales considera que estas cifras siguen siendo "preocupantes, ya que cualquier tipo de violencia es inaceptable".

Para apoyar y proteger a los profesionales, la Junta ha dotado a los centros cordobeses de 1.423 software antipánico, 442 cámaras de seguridad, 126 GPS en ambulancias, 47 interfonos, 232 salidas alternativas, 345 teléfonos, 115 timbres en ambulancias y 435 timbres en consultas, entre otras medidas.

El botón antipánico ha sido la última incorporación en la lista de medidas de seguridad. Se trata de una aplicación informática instalada en el propio ordenador de la consulta y que permite al profesional emitir una señal a los ordenadores de los compañeros del centro para alertar de una situación de riesgo. El botón antipánico es, por tanto, un mecanismo de alarma silenciosa que muestra un mensaje en la pantalla de los dispositivos del centro, con lo que se evita que el agresor se percate. Al tratarse de una alarma colectiva, supone una gran ventaja respecto al timbre antipánico tradicional. Además, no conlleva coste económico alguno, al ponerse en marcha con recursos informáticos ya existentes.

Estas medidas se enmarcan en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz, puesto en marcha por la Junta en abril de 2005. El objetivo es dotar a los profesionales de la sanidad de las medidas de seguridad y la formación necesarias para minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir en sus centros de trabajo.

Este plan se elabora con el objetivo prioritario de reducir los posibles ataques incorporando cursos de formación en manejo de situaciones conflictivas o adaptaciones de locales y análisis de las incidencias que se producen, entre otros. También incluye atención médica, asistencia jurídica y apoyo psicológico al profesional afectado.

Por otra parte, se establece la creación de un registro en el que se notifican los actos violentos sufridos por los profesionales y, en función de los riesgos percibidos a partir de estas denuncias, se concretan las medidas de seguridad a instalar. Éstas pueden ir desde dispositivos de alarma o interfonos en las consultas hasta salidas alternativas, que los profesionales realicen su labor acompañados o la instalación de videocámaras de vigilancia en espacios abiertos, preservando la intimidad de los pacientes y profesionales.

Este plan de prevención incluye un protocolo de actuación en el que se recomienda a los sanitarios qué hacer ante una agresión física o verbal. Al respecto, la primera medida que se aconseja es solicitar ayuda a una tercera persona (personal de seguridad o un compañero) para manejar la situación y, al mismo tiempo, para que pueda ser testigo de los hechos.

Si la situación persiste, el manual recomienda avisar a los Cuerpos de Seguridad para que se personen en el centro y notificar el hecho al responsable del centro sanitario. El plan tiene como prioridad que el trabajador afectado cuente desde el primer momento con apoyo psicológico y asesoramiento jurídico.

Una de las agresiones ocurridas el pasado año fue en julio a una enfermera del Centro de Salud de Occidente (Parque Azahara) cuando realizaba una atención domiciliaria. También se produjo el destrozo del vehículo de otra profesional de ese mismo centro y la desaparición de los enseres personales que tenía en su interior.

En marzo también se registró un desagradable suceso en las Urgencias del Hospital Reina Sofía, cuando un paciente atacó a una enfermera. El febrero un celador del mismo servicio fue objeto de un episodio violento a manos de la acompañante de una paciente que estaba siendo atendida.

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