Todos los exalcaldes de IU, excepto Rosa Aguilar, presentaron ayer en el juzgado de guardia una denuncia contra el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, por la "usurpación" de la plaza del Triunfo de San Rafael, y contra el alcalde, José Antonio Nieto, por permitir estos hechos. La querella -encabezada por Julio Anguita, Herminio Trigo, Manuel Pérez y Andrés Ocaña- cuenta a su vez con el apoyo de 206 ciudadanos miembros de la plataforma Cordobeses por el Patrimonio, cifra que alude de manera simbólica al número del artículo de la Ley Hipotecaria que otorga a la Iglesia desde 1946 el privilegio de registrar bienes sin aportar título de dominio escrito.

El encargado de presentar la denuncia fue el propio Anguita, respaldado por Herminio Trigo y Manuel Pérez. El exalcalde explicó que considera que "se ha usurpado un bien de la ciudad y el Ayuntamiento ha incurrido en algo bastante grave", puesto que, a su juicio, "no ha estado a la altura, porque tenía que haber defendido el patrimonio municipal que es de los cordobeses" y, por ende, "ha colaborado de forma pasiva". La querella va dirigida contra el obispo "por usurpación", y contra el alcalde por "consentimiento expreso o tácito" de lo ocurrido.

El texto de la querella argumenta documentalmente que la plaza pública, situada frente a la Mezquita-Catedral de Córdoba, fue cedida por el Ayuntamiento de la ciudad en 1735 al Colegio de San Pelagio para la construcción de unas caballerizas, cuyo proyecto no se llegó a ejecutar. Un año después, fue promovido en ese lugar un monumento a San Rafael, autorizado y sufragado parcialmente por fondos municipales.

En 1850, y ante el estado de abandono del espacio, el obispo, según detalla la denuncia, renunció a cualquier derecho de titularidad sobre la plaza del Triunfo y desde entonces el Ayuntamiento "ha hecho frente a su mantenimiento y conservación con un total de doce actuaciones, incluido su cerramiento en 1867".

La plaza, tal y como continúa el documento, fue inventariada en 1984 como bien municipal y en abril de 2011, el obispo de Córdoba, al amparo del predemocrático artículo 206 de la Ley Hipotecaria, la registró a su nombre "en un procedimiento claramente irregular y sin publicidad alguna". Justo un año después, el Ayuntamiento la saca del inventario municipal "por razones no suficientemente aclaradas".

Por estos hechos, tal y como detalló Anguita, los exalcaldes de IU en la ciudad, a excepción de Aguilar -ahora en el PSOE-, con el respaldo de Cordobeses por el Patrimonio, piden que "la Justicia intervenga y en consecuencia se ponga en marcha la denuncia". "A nadie escapa el más que probable conocimiento por parte de la Administración Pública del hecho de la inmatriculación por parte del Obispado y su probable nexo causal con la desaparición del monumento del inventario municipal", insistió el exregidor. Este hecho, a juicio de los denunciantes, "podría constituir un delito de prevaricación".

En relación a los demás bienes inmatriculados por la Iglesia, Julio Anguita advirtió de que, al igual que en la plaza del Triunfo, "todo se ha hecho de manera ilegal y casi con nocturnidad y alevosía". Por tanto, proclamó que "es hora de que las personas que tanto blasonan de querer a Córdoba defiendan los bienes de Córdoba que son suyos y dejen un poquito de estar en determinadas actividades, todas muy loables y justas, y piensen un poco de verdad en Córdoba y se dejen de pregonar su cordobesismo que no conduce a ninguna parte, mientras no vaya a defender el patrimonio de sus conciudadanos".

Los exregidores de IU, incluida Rosa Aguilar, ya firmaron en febrero un manifiesto para reclamar la titularidad pública para la Mezquita-Catedral. En dicho escrito, además, ya solicitaban que la Iglesia Católica devuelva "al dominio común de todos" el resto de "bienes del patrimonio histórico inmatriculados indebidamente" por ella.