A la huelga contra el decreto 3+2, que permite a las universidades la implantación de carreras de tres años de grado y dos de máster (el actual es de cuatro años más uno de máster), estaban llamados más 99.000 alumnos. Aunque el seguimiento ha sido bastante elevado, según los datos aportados por la Junta la media de ayer rozó el 65%, apenas fueron unos 300 los estudiantes que participaron en la manifestación convocada. Es decir, aulas vacías y una concentración a medio gas, a tenor del elevado número de estudiantes que podían participar en ella. Un hecho más que significativo y que pone en duda que las razones por las que se ha convocado esta huelga hayan surtido efecto entre los alumnos. A esta circunstancia se une el hecho de que el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba (UCO) no haya secundado ninguna jornada, al mostrar su apoyo a llevar a cabo una negociación con las administraciones implicadas.

Es por ello que la representante del Sindicato de Estudiantes, Laura Cuevas, se aferró ayer a las cifras de seguimiento de la huelga y al hecho de que las aulas de los centros de enseñanzas medias estuvieran casi vacías por segundo día consecutivo. "El seguimiento ha sido masivo y es una respuesta contundente", defendió antes de que diera comienzo la manifestación en contra del 3+2. Cuevas elevó esta participación hasta el 80% del alumnado. Por su parte, desde la Junta cifraron el seguimiento en Secundaria en un 73,3%, en Bachillerato en un 51,09%, mientras que en los ciclos formativos se elevó hasta el 66,4%. No obstante, la representante del Sindicato de Estudiantes reconoció que la escasa participación de jóvenes en la manifestación, que concluyó ante la Subdelegación del Gobierno, pudo deberse "a que los estudiante no se han terminado de enterar de la convocatoria, a pesar de que se están cercenando nuestros derechos y este decreto suponga la expulsión del hijo del obrero de la Universidad". "Se nos está cercenando el futuro", subrayó.

Además de los alumnos de enseñanzas medias, la propia Universidad también ha manifestado su rechazo a este sistema, al igual que la Junta de Andalucía. La delegada del Gobierno, Rafaela Crespín, ya dijo que esta reforma universitaria "viene a romper con la igualdad de oportunidades y con el acceso a los estudios, en este caso a la formación superior". En su opinión, "esta reforma viene a privatizar la educación" porque hay que "costear másteres para poder tener un título superior y por tanto ser competitivo con otros titulados universitarios".

El sistema actual (el llamado 4+1) es de grados (así se llaman las antiguas licenciaturas) de cuatro años y másteres de un año, y el decreto aprobado la semana pasado por el Gobierno central promueve un modelo similar al que tiene la mayoría de los países de la Unión Europa, que es de grados de tres años y másteres de dos (el conocido como 3+2). El real decreto aprobado modificó dos normas de 2007 y 2011 para que sean las universidades las que opten por un sistema u otro, o incluso por una duración intermedia entre los dos.