El juez de lo Contencioso Administrativo número 3 ha rechazado las medidas cautelares que solicitaba la empresa adjudicataria de las obras de la antigua escuela de Magisterio en las que solicitaba la paralización de los trabajos. De esta manera la constructora, que ha recurrido el modificado de obras presentado por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), tendrá que reanudar los trabajos en el menor tiempo posible mientras el recurso sigue el trámite judicial. Las obras se paralizaron hace unos meses porque la firma, Vías y Construcciones, solicitaba un incremento del presupuesto del 10% de lo proyectado (5,6 millones de euros) al considerar que había que realizar un refuerzo de la estructura del edificio no contemplado inicialmente. La GMU le ofreció un modificado de obra de alrededor de 380.000 euros, pero la constructora se mantuvo en su postura y el asunto llegó a los tribunales. Todo parecía indicar que la obra, la más importante incluida en el plan Urban Sur y que supondrá un revulsivo para el Distrito Sur de la ciudad, quedaría paralizada hasta que hubiera una decisión judicial, pero el magistrado ha obligado a reanudar los trabajos para proteger "el interés público". Se trata de un proyecto de calado que tiene como objetivo transformar la antigua escuela de Magisterio en un Centro de Producción Cultural, en el que tienen cabida desde un laboratorio multimedia, a un taller de grabación o varios talleres de diseño gráfico, industrial o de moda.

El juez apunta en su auto que la empresa argumenta que el modificado presentado por Urbanismo "sigue sin solucionar" el refuerzo suficiente de vigas y pilares que ellos exigen, por lo que "no van a poder aguantar las cargas proyectadas". Vías y Construcciones alerta además de que, de esta manera, los elementos estructurales serán "inseguros, con riesgo de colapso durante el proceso constructivo y el consiguiente peligro para la seguridad de los trabajadores". La constructora lamenta, según recoge el magistrado en el auto, que la GMU "ha optado por la aprobación del modificado" que ahora se ha recurrido "por un puro interés político, motivado por la supuesta pérdida de subvenciones" de la Unión Europea si no se finaliza la obra antes del 31 de diciembre de este año. Urbanismo, por su parte, "niega rotundamente los hechos" y además acompaña informes que contradicen la versión de la empresa.

Para el magistrado, no obstante, los argumentos de Vías y Construcciones, sobre todo en lo relacionado con el riesgo para la seguridad de los trabajadores, "no quedan acreditaosa por la similar contundencia de los distintos dictámenes aportados, diametralmente opuestos", por parte de la Gerencia. Así, a su juicio, cree que la discusión planteada sería "meramente económica", algo que sería "fácilmente resarcible" si finalmente se estima el recurso interpuesto por la constructora. Con este panorama, está claro que existen "intereses en conflicto" pero en este caso el juez se decanta por proteger "el interés público". En su argumento reconoce que el edificio "ha estado cerrado y casi en estado de abandono" durante mucho tiempo pero "desde el momento en que se licita un contrato con un determinado plazo de ejecución", que además depende de unas subvenciones, "es evidente que ese interés público es el primero que ha de protegerse".

Las obras se paralizaron este verano cuando la empresa reclamó que se habían incrementado los costes hasta cinco veces más de lo previsto en el proyecto técnico. La Gerencia realizó un modificado del presupuesto de 380.000 euros que la constructora consideró insuficiente. A partir de ese momento el enfrentamiento subió de tono y se puso en marcha un expediente sancionador de 165.000 euros por el retraso que acumulaba la obra. La polémica ha llegado incluso a los tribunales y, aunque aún hay que esperar a la decisión judicial, al menos durante ese trámite las obras podrán seguir su curso conforme lo ha estimado el magistrado.