El lío entre el Ayuntamiento y la empresa encargada de realizar las obras de la antigua Escuela de Magisterio ha llegado ya a los tribunales. La firma adjudicataria, Vías y Construcciones, ha llevado al juzgado de lo Contencioso Administrativo un recurso por la propuesta del modificado de la obra propuesto por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en el que también pide la resolución del contrato, según explicó ayer el presidente de la GMU, Luis Martín. Esto supone que el conflicto se encuentra ahora en el ámbito judicial por lo que la obra queda paralizada hasta que el juez decida al respecto. Con este panorama el Ayuntamiento está limitado ya que no puede iniciar un nuevo concurso hasta que el magistrado no dé por finalizado el contrato con la adjudicataria. De esta manera, si los trabajos ya iban con retraso, ahora no se sabe cuándo podrán reanudarse por lo que desde la GMU se remitirá a la Unión Europea (UE) toda la documentación para justificar la demora y no perder así la subvención con la que se van a financiar la obra, cuyo presupuesto supera los cinco millones de euros. El Consistorio, además, estudiará si se puede exigir a la empresa una indemnización por "daños y perjuicios" ya que, según Martín, no se van a conformar solo con la rescisión del contrato.

Las obras se paralizaron este verano cuando la empresa reclamó que se habían incrementado los costes hasta cinco veces más de lo previsto en el proyecto técnico. La Gerencia realizó un modificado del presupuesto de 380.000 euros que la constructora consideró insuficiente. A partir de ese momento el enfrentamiento subió de tono y se puso en marcha un expediente sancionador de 165.000 euros por el retraso que acumulaba la obra. El alcalde, José Antonio Nieto, también salió a escena poco después y arremetió contra Vías y Construcciones asegurando que era "la peor empresa que nos podía tocar". La polémica ha subido de nivel hasta llegar a los tribunales y, aunque el alcalde ya apuntó a esta posibilidad hace meses, finalmente ha sido la constructora la que ha dado el paso.

Martín también informó ayer de los asuntos que se tratarán mañana en el consejo rector de la GMU entre los que destaca la resolución de las alegaciones sobre el proyecto de reparcelación de Barquera Norte. Eso supone un paso casi definitivo para la regularización de estos inmuebles que serían los primeros en poder inscribirse en el registro de propiedad, según explicó ayer Martín. La Gerencia ha tramitado 21 alegaciones a esta propuesta de las que se han admitido las relacionadas con la superficie del suelo. El siguiente paso será elaborar un nuevo texto con lo aprobado en las alegaciones y en el que se fija el 10% de aprovechamiento urbanístico que tendrán que abonar los propietarios. Martín aseguró que la inversión que tendrá que hacer cada familia dependerá de la superficie de la parcela aunque rondará entre los 2.500 y los 4.000 euros. El consejo también dará el visto bueno a la construcción de una iglesia evangélica en la Ronda Oeste.