Córdoba

El complemento de ayuda a algunas pensiones beneficia a 9.800 personas

  • El incremento aprobado por la Junta para las no contributivas y las asistenciales es del 2% y suma un total de 1,4 millones de euros

Más de 9.800 cordobeses se van a beneficiar del incremento del 2% aprobado por la Junta de Andalucía en las ayudas sociales de carácter extraordinario que complementan las pensiones asistenciales y no contributivas. El refuerzo de estas prestaciones supondrá una inversión de 1.457.280 euros en la provincia de Córdoba durante el presente 2015. La Administración autonómica informó ayer de que recibirán esta ayuda extraordinaria, por un lado, las personas que reciben una pensión por jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas. En Córdoba, actualmente son 9.539 los beneficiarios de esta prestación que recibirán una percepción individual de 118,2 euros que se abona en una paga única durante el primer trimestre del presente año. Se trata de una medida dirigida a reforzar la lucha contra la exclusión social de este grupo de personas que por su bajo nivel de renta se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Igualmente, la Junta de Andalucía asegura que ha reforzado las ayudas de Fondo de Asistencia Social y del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos. Las personas beneficiarias, que seguirán percibiendo 149,86 euros mensuales, con un total anual de 2.098,04 euros (incluidas dos pagas extraordinarias en los meses de junio y noviembre), recibirán 1.141,48 euros anuales adicionales que serán abonados en cuatro pagas de 285,37 euros que se ingresarán en marzo, junio, septiembre y diciembre. En Córdoba son 289 las personas que se beneficiarán de esta medida.

Tanto en el caso de las pensiones asistenciales como en el de las no contributivas, recibirán el importe de las ayudas complementarias sin necesidad de realizar solicitud previa; es decir, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales abonará de oficio los importes establecidos.

Las ayudas extraordinarias aprobadas se enmarcan en la prioridad que el Gobierno andaluz concede a las políticas sociales y a la protección de los colectivos más vulnerables, especialmente afectados en el actual contexto de crisis económica y de ataques al Estado del bienestar. Desde 1989, la Junta viene aprobando este tipo de complementos para las pensiones asistenciales de personas mayores, enfermas o con discapacidad que carecen de posibilidades laborales.

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