Cientos de personas salieron ayer a la calle para protestar contra la Ley de Seguridad Ciudadana, que denominan "Ley Mordaza", aprobada el pasado mes de diciembre por el Gobierno de Mariano Rajoy. La manifestación fue convocada por la plataforma que aglutina las denominadas Marchas de la Dignidad 22M y el Movimiento Antirrepresivo para mostrar su rechazo a una ley que alertan que supone "un endurecimiento represivo" contra los que se manifiestan. Está previsto que a lo largo del fin de semana se celebren convocatorias similares en una veintena de ciudades españolas, como Madrid, Granada, Jaén o Barcelona.

La protesta partió ayer de los Jardines de la Agricultura para recorrer el centro de la ciudad por Ronda de los Tejares, Cruz Conde, Tendillas, Claudio Marcelo y terminar la plaza de la Corredera. Los manifestantes simularon un funeral por la libertad de expresión para lo cual incluso hicieron uso de un féretro en la cabecera de la protesta y pancartas negras con los lemas en blanco. Entre los asistentes a esta convocatoria se encontraba el fundador del centro cívico y exalcalde de la ciudad, Julio Anguita, dirigentes sindicales o representantes de los distintos colectivos sociales de la ciudad. Por ejemplo, el portavoz de Acampada Dignidad, Rafael Juan, se encontraba encabezando la manifestación. Según su opinión, la Ley Mordaza supone una "cortapisa", puesto que, tal y como explicó, endurece las sanciones y multas en la protestas ciudadanas, por la ocupación de inmuebles o por los escraches a políticos. Asimismo, señaló que tampoco se podrá pedir la placa identificativa a los agentes de la policía. "Esta ley supone un grave recorte de los derechos que los ciudadanos hemos ido consiguiendo porque lo único que pretenden evitar que salgamos a la calle a reivindicar", insistió Juan. "No tenemos miedo de lo que nos pueda pasar por reclamar nuestros derechos", recalcó.

Los miembros de las Marchas de la Dignidad insistieron en que "liquidar libertades y convertir derechos fundamentales en delitos es lo que estas reformas pretenden institucionalizar" con la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada en solitario por el PP, y la reforma del Código Penal, que "son el realidad leyes para la seguridad del régimen".