El diputado socialista por Córdoba, Antonio Hurtado, ha alertado sobre el hecho de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) haya optado por encargar a una empresa privado la tramitación de los expedientes sancionadores y de solicitudes sobre dominio público hidráulico, lo que en su opinión no está justificado por tratarse de información privada de los ciudadanos y que "no debería manejar una entidad privada". Hurtado indicó que se trata de una adjudicación que afecta a Córdoba y a otras provincias de la cuenca y que "clama al cielo" que este tipo de datos de los solicitantes pueda ir a una empresa y "eso es un tema objetivo".

Añadió que "es muy fuerte" que la adjudicataria pueda conocer datos personales o económicos de una persona "cuando solicita una autorización para cualquier proyecto, por poner un ejemplo". El diputado del PSOE indicó que si la carga de los funcionarios de la Confederación es muy alta y no pueden asumir este tipo de trabajos "lo lógico es que se recurra a una empresa pública, que la tenemos, como es Tragsa, que se puede encargar perfectamente de este tipo de tareas", sentenció Hurtado, quien precisó que la sociedad a la que se ha encargado esta tarea es Paymacotas, que es la que tras la gestión de los expedientes pasa a los funcionarios para su firma.

Ante esta situación, el dirigente cordobés ha registrado por escrito en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas pidiendo explicaciones al Gobierno sobre este contrato. En concreto pregunta por qué importe se le adjudicó a la empresa Paymacotas este servicio, cómo se adjudicó la prestación de este servicio, si concurrieron otras empresas a la oferta pública y cuál hubiese sido el coste de este servicio si el adjudicatario hubiera sido la empresa pública Tragsa, además de pedir datos de por qué no se adjudicó este trabajo a Tragsa.

También demanda al Gobierno central explicaciones sobre el objeto de la contratación externa y pregunta, además, si "¿no es mas razonable y seguro, por el manejo de expedientes administrativos, que la tramitación de expedientes sancionadores o solicitudes con todo lo relacionado con el Dominio Público Hidráulico sea adjudicado, en todo caso, a una empresa pública y no a una privada?". Antonio Hurtado también solicita al Ejecutivo central que le detalle cuál es el trabajo concreto que realiza esta empresa privada conforme al contrato adjudicado, si "no se deja así en manos privadas la defensa de los intereses públicos" y si "¿no debería ser realizado este trabajo por funcionarios o empleados públicos?".