La plataforma ciudadana Mezquita-Catedral de Córdoba: patrimonio de todos ha enviado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, una carta en la que le pide que frene "la amnistía registral" de la Iglesia "que se pretende llevar a cabo mediante la reforma de la ley hipotecaria y que convalidaría la enorme cantidad de inmatriculaciones irregulares ya realizadas".

En esta carta, que está apoyada por la plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, denuncian que, a pesar de que la Constitución Española establece que "ninguna confesión tendrá carácter estatal", lo cierto es que la Iglesia Católica, "actuando como funcionario público y equiparada a la Administración Pública, se ha adueñado en plena democracia de gran parte de nuestro patrimonio cultural, arquitectónico, histórico y artístico, traducido en miles de bienes privados o públicos, construidos y financiados por la ciudadanía, ante la pasividad de los poderes públicos y el desconocimiento de la población". Esta "usurpación" realizada en todo el territorio español se ha hecho al amparo de una norma predemocrática e inconstitucional, de 1946, según aclaran.

La plataforma recuerda en su misiva que desde que José María Aznar modificara el reglamento hipotecario en 1998 la jerarquía católica ha inmatriculado miles de propiedades en todo el Estado valiéndose de un artículo que equipara a los diocesanos con fedatarios públicos. "Bastando la simple palabra de un diocesano como si los dogmas de fe tuvieran eficacia civil", apunta.

Según la plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba, el proyecto de reforma de la ley hipotecaria "omite de manera intencionada cualquier referencia a la Iglesia Católica; como si nada de lo expuesto hubiera ocurrido". En su opinión, "se trata de una trampa" porque la reforma intentará que todo esto "pase desapercibido", sin denunciar, por tanto, "su manifiesta inconstitucionalidad y sin considerar los efectos perversos e irreparables que tendría para nuestro patrimonio".

Por eso, en la carta se pregunta al ministro "cómo piensa deshacer las terribles secuelas jurídicas, sociales, económicas, históricas y políticas que se derivarían de esta amnistía registral si se aprobara la reforma de la ley hipotecaria". Ante esta situación, solicitan a Catalá "que rompa la alianza que su antecesor (Ruiz-Gallardón) mantenía con la jerarquía católica y cumpla con su deber en defensa del patrimonio público".

Por otra parte, los miembros de este movimiento reivindicativo exigen a los grupos parlamentarios del Congreso, Senado y Parlamentos de comunidades autónomas "que actúen por las vías jurídicas oportunas para impugnar este enorme expolio cultural sin precedentes en un país democrático".

Sobre la negativa de la mesa de portavoces del Parlamento andaluz a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) "bajo el argumento de que el plazo ha vencido ha creado una injustificada confusión". En opinión de la plataforma se trata de "un acuerdo político" y existen argumentos jurídicos "solventes que sostienen que es viable, necesario y urgente elevar el recurso directo". "Y en todo caso, es al TC a quien correspondería considerar o no su admisión", aseveró. "Somos conscientes de que el recurso directo de inconstitucionalidad contra una ley predemocrática es una medida excepcional", pero las plataformas ciudadanas "consideramos que la enorme gravedad del asunto exige decisiones firmes y audaces a la altura del escándalo".