Una decena de denuncias. Éste es el resultado que la comisión técnica del Ayuntamiento de Córdoba ha arrojado tras realizar un estudio este fin de semana por bares de la ciudad con veladores en sus terrazas y del que se extrae que diez de ellos cometen algún tipo de irregularidad en cuanto a la normativa vigente.

Según explicaron fuentes municipales, los principales motivos de las denuncias fueron, en primer lugar, no tener licencia para instalar los veladores. Es decir, que hay algunos bares que han desplegado mesas y sombrillas sin tener permiso para ello. En segundo lugar, otra de las razones esgrimidas por el Ayuntamiento para interponer las denuncias ha sido que el local en cuestión no disponía del plano. Y es que en mayo de este año, la Gerencia de Urbanismo (GMU) -ente encargado de conceder la licencia para instalar las mesas y sillas en la calle- ya avisó a los distintos bares de que tenían que exhibir el documento donde constan los extremos de la concesión, es decir, el espacio que les fue cedido para instalar sus terrazas. Asimismo, otras de las causas para las reclamaciones del Consistorio han sido no acreditar la licencia para instalar el toldo en el viario ni para tener el velador; es decir, que algunos han afirmado que sí que tenían permiso pero no han podido demostrarlo.

Con todo ello, el Ayuntamiento da un paso más en su lucha contra la proliferación ilegal de veladores, que en algunas zonas de la ciudad se ha hecho cada vez más incómoda para los viandantes. Fue la semana pasada cuando el presidente de la GMU, Luis Martín, y la teniente de alcalde de Seguridad, Carmen Sousa, se reunieron para decretar la comisión de vigilancia que ha tenido lugar este fin de semana y que finalmente se ha saldado con esa decena de denuncias. En este caso, a pesar de que la supervisión se ha efectuado por distintos barrios de la ciudad, cabe destacar que hay algunas zonas más problemáticas en este sentido. En concreto, desde el Ayuntamiento se ha hablado de la avenida Barcelona, Arroyo del Moro -en la calle Isla Fuerteventura y aledaños-, el Tablero y la zona Centro. En esta última zona sobresalen las vías Gran Capitán y Victoriano Rivera, donde los vecinos ya han denunciado en varias ocasiones las molestias por la acumulación de mesas. Asimismo, también se han centrado en la plaza de la Corredera.

En otro orden de cosas, el presidente de la Gerencia también se refirió a la tan en boga Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Martín afirmó que en este caso la Junta de Andalucía cuenta "con toda la colaboración del Ayuntamiento", pero también pidió "todas" las reformas de la legislación, competencia esto del Gobierno andaluz. El responsable de Urbanismo aseveró que hay que profundizar en la reforma de la LOUA, sobre todo en apartados tan importantes como "el tema de las multas". Martín destacó que "a efectos de la información necesaria para tramitar planes parciales, proyectos de reparcelación y todo el planeamiento, nos tienen que acelerar la contestación", siendo un ejemplo de esa necesidad "las innovaciones de las parcelaciones de Poniente, que comenzaron en el año 2008" y aún no están culminadas, al alargarse determinados trámites por parte de la Junta.

Asimismo, el presidente de la GMU añadió que "la ficha del Plan General en los suelos urbanizables de las urbanizaciones legales fija que se haga mediante junta de compensación" y apuntó que "la cooperación en todo caso tiene que ser motivada por los propietarios y desde luego cuando existe una mayoría que está de acuerdo en la junta de compensación creemos que se acelera mucho más el proceso de planeamiento y planificación".

Martín hizo todas estas declaraciones antes del Consejo Rector de la GMU, donde se trató, entre otras cosas, la modificación de la ficha que gestiona la ermita de San Zoilo, a través de la cual se incluyen en el Catálogo de Bienes Protegidos algunas zonas de este inmueble que no lo estaban y se reforman otras tantas. Además, el consejo de la GMU también habló sobre la propuesta de solicitud de abono de justiprecio y de intereses formulada por le entidad Miralbaida en un expediente de expropiación de una parcela entre las calles Fray Vasco y Arroyo Turruñuelo. Según Martín, había una sentencia en la que el organismo municipal tenía que abonar más de 1,5 millones de euros pero el informe judicial "va desmontando las alegaciones suscritas por Miralbaida concluyendo que los intereses que pudieran reclamar ascienden a 275.366 euros", afirmó.