La consejera asegura que la modificación de la LOUA no supone una legalización y defiende el canon del agua para avanzar en la mejora de la depuración

 La consejera asegura que la modificación de la LOUA no supone una legalización y defiende el canon del agua para avanzar en la mejora de la depuración

"Tolerancia cero". Ese es el mensaje que ayer envió a los ayuntamientos las consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, respecto a la proliferación de parcelaciones en suelo no urbanizable, un problema al que su departamento trata de poner coto y que reconoció que tiene su propia particularidad en cada territorio. Ese aviso a los alcaldes y alcaldesas lo justificó la consejera en el hecho de que son los municipios los que tienen las competencias en esta materia y, por tanto, los responsables de paralizar cualquier intento de urbanización ilegal, si bien es la Administración autonómica la que tiene la última palabra.

Serrano intervino ayer en el desayuno informativo organizado por el Grupo Joly y el Banco Santander en Córdoba, donde hizo un repaso a lo que ha sido su gestión al frente de la Consejería en el último año y avanzó algunas de las iniciativas de futuro. El acto tuvo lugar en el Círculo de la Amistad y fue el rector de la Universidad Internacional de Andalucía -Eugenio Domínguez- el encargado de presentar a la ponente. Más de 300 personas llenaron el Salón Liceo del Círculo de la Amistad. La titular de Ordenación del Territorio recordó que "aunque la crisis inmobiliaria ha reducido las tensiones y las presiones en este campo, es evidente que el sector de la construcción es difícil de gestionar y canalizar adecuadamente en la actualidad", si bien apuntó que el Gobierno andaluz va a resolver las situaciones de muchas viviendas construidas sobre pequeñas parcelaciones y suelos no protegidos, a las que no es posible sancionar por tener una antigüedad de más de seis años.

Así, dijo que el proyecto de Ley de Modificación de la LOUA remitido al Parlamento pretende seguir avanzando en la línea iniciada con el decreto 2/2012, de manera que "con la modificación que estamos tramitando, estas viviendas en su mayoría de primera residencia, podrán acceder a los servicios de agua y luz, y al registro de la propiedad y tendrán que tratar de manera sostenible sus aguas residuales". Sin embargo, la consejera matizó que "no se trata de una legalización, ya que nunca tendrán licencia de primera ocupación, ni podrán llevar a cabo futuras ampliaciones". Sentenció además que esta batería de medidas "no es una amnistía generalizada" y que serán los propios afectados los que tendrán que asumir los gastos de ese proceso de regularización.

En este punto, María Jesús Serrano se refirió a las parcelaciones irregulares del entorno de Medina Azahara y el Aeropuerto de Córdoba, de las que dijo que son dos casos que tienen su singularidad respecto al resto de Andalucía, ya que se encuentran en una zona de especial protección, dando entender así que no podrán entrar en este programa de regularización. En el caso del aeródromo cordobés, se da la circunstancia de que son además terrenos inundables, por lo que habrá que esperar además al informe que en este sentido realice la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

No obstante, responsabilizó al alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, y al Ayuntamiento de Córdoba de la demora en la regularización de estas viviendas, puesto que "podía haber iniciado el procedimiento para ello desde la entrada en vigor del decreto 2/2012", en el que la Junta pedía un inventario de asentamientos, que no ha sido entregado por parte del Consistorio cordobés hasta "hace poco".

La depuración de las aguas residuales en los municipios fue otro de los asuntos que abordó la titular de Medio Ambiente durante su intervención, principalmente en los municipios con menor número de habitantes que todavía no cuentan con sistemas de depuración, puesto que "es el tema que más nos ocupa y nos preocupa ante los plazos fijados por la UE y por que son momentos económicos difíciles".

No obstante, recordó que se trata de una competencia municipal, pero que es la Administración autonómica la que está auxiliando a los ayuntamientos en la dotación de las infraestructuras necesarias, "utilizando un instrumento de solidaridad como el canon autonómico de mejora recogido en la Ley de Aguas, como obligaba la directiva europea marco de agua". Añadió que ese canon es el que garantiza que todos los municipios puedan depurar sus aguas residuales en igualdad de condiciones.

Sobre este asunto, la consejera afirmó que "rechazo, una vez más, por injusta e insolidaria, la posición de responsables políticos que piden para sus ciudades lo que allí se recauda con el canon, negando una solidaridad que en su día les permitió hacer las depuradoras de sus municipios".

Uno de los anuncios importantes que realizó ayer María Jesús Serrano en Córdoba fue el del mantenimiento del actual sistema de contadores de agua en las comunidades de vecinos. Así, dijo que en el actual contexto económico "no nos parecía adecuado sobrecargar a los usuarios con el alto coste que supone la transformación de los contadores colectivos de agua a individuales, tal y como se recoge actualmente en la ley de aguas, penalizando además aquellos casos que no acometieran esa transformación antes de diciembre de 2014".

Serrano avanzó que se estima que es necesario un gasto de más de 700 millones de euros en toda Andalucía para acometer esta transformación, gasto que debía ser soportado por las comunidades vecinales. Por ello, enunció que en el anteproyecto de ley de los presupuestos 2015 "hemos propuesto una modificación de la ley de aguas, que permite la aplicación permanente en el tiempo del método actual para el cálculo de la cuota variable del canon de mejora autonómico, aplicando la cuota correspondiente tras dividir, el consumo total de las comunidades que cuentan con contadores colectivos por el número de viviendas, evitando así las penalizaciones en la factura del agua, por la imposibilidad actual de haber acometido dichas inversiones".

Sin embargo, matizó que todo ello no impide que el fin de esta medida -que era concienciar y promover el ahorro de un recurso escaso como es el agua-, "nos lleve a buscar soluciones tecnológicas en el futuro, mucho más económicas y mediante las cuales logremos el mismo fin", precisó la consejera baenense.