Las parcelaciones ubicadas en el entorno de Medina Azahara y junto al río Guadalquivir no se beneficiarán de la modificación normativa de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) aprobada ayer en el Parlamento andaluz con el voto en contra de IU y la abstención del PSOE, para regularizar las viviendas construidas hace años en suelo no urbanizable y para las que ha prescrito el plazo para restituir la legalidad. Así lo confirmó ayer a El Día la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, al recalcar que el objetivo de la Administración autonómica es "regularizar" ciertas construcciones que se encuentran en un "limbo jurídico", pero en ningún caso aquellas que están ubicadas en suelo inundable o de especial protección.

La Junta calcula que en toda la comunidad autónoma se beneficiarán de la modificación del artículo 185 de la LOUA, por el que se declaraba la imprescriptibilidad de las casas construidas en suelo no urbanizable fruto de divisiones de una parcela y situadas fuera de los núcleos urbanos, unas 25.000 viviendas, aunque la consejera no pudo especificar cuántas corresponden a la provincia de Córdoba. Serrano, no obstante, reconoció que esta tipología de vivienda ilegal es más común en las zonas rurales de la provincia frente al de la capital. "Córdoba cuenta con una realidad muy distinta a la de su provincia", dijo refiriéndose así a las parcelaciones de la capital situadas en zonas de especial protección como el entorno de Medina Azahara y aquellas situadas en zona inundable por su cercanía al río. En este caso, señaló que es "imposible" regularizar la situación de estas edificaciones y que, incluso, la tendencia en un futuro debe ser la desaparición de todas las construcciones situadas en suelo ilegal.

Serrano detalló que la modificación de la LOUA beneficia a dos tipos de construcciones: aquellas finca familiar que se dividió en cuatro o cinco parcelas para construir casas en suelo no urbanizable y las viviendas que compraron muchos extranjeros sin conocer la ilegalidad de la construcción. Estos inmuebles no serán legalizados, sino regularizados; no se trata, por tanto, de una amnistía urbanística, pero sí permitirá a sus propietarios contratar los servicios de luz y de agua, inscribirlos en el registro de la propiedad y obtener una licencia de primera ocupación. Además, el hecho de que sean salvadas administrativamente, ofrece seguridad a los dueños de que penalmente no serán perseguidas o, difícilmente, perseguidas.

La delegada del Gobierno en Córdoba, Isabel Ambrosio, valoró el decreto, ya que, según su opinión, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha mostrado su sensibilidad" respecto a "una situación que está afectando a personas que, en muchos casos", tienen dichas viviendas irregulares "como único patrimonio". Ambrosio tampoco pudo detallar cuántas viviendas se verán beneficiadas, aunque destacó que el objetivo es "darles una solución".

Los parcelistas, por su parte, se mostraron muy cautos. El presidente de la Plataforma de Afectados por las Inudaciones del Guadalquivir, Francisco León, señaló estar contento de la nueva modificación de la LOUA, pero dijo que este anuncio había que tomarlo con "mucha cautela, ya que en ningún momento se habla de abordar la situación de las parcelaciones en zona de especial protección o inundable". Así, León no dudó en afirmar que "se está actuando de forma electoralista".

El presidente de la asociación de vecinos La Altea, Julio Cortés, señaló que la presidenta de la Junta con este cambio ha demostrado "su humanidad" ante una realidad que afecta a un número importante de familias.