La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO rechazó ayer la postura del Gobierno de privatizar el Registro Civil y obligar a pagar por unos servicios obligatorios (inscripción y certificado de nacimiento, defunción, matrimonio y divorcio, nacionalidad, tutela o actos de última voluntad). Hasta el momento, recordó el sindicato, eran servicios "gratuitos, que prestaba personal público sin ánimo de lucro". Según los datos de CCOO, sólo en Córdoba, los 500 funcionarios de la Administración de Justicia realizan más de 90.000 trámites judiciales anuales "que de tener que pagar supondrían, más de un millón de euros anuales".

Así, CCOO criticó la reforma integral de los registros civiles, porque "contiene modificaciones radicales para la tramitación de los actos judiciales, hechos y circunstancias que guardan relación con la identidad de las personas y por entregar todas esas actuaciones a los registradores de la propiedad y mercantiles que cobrarán por esos mismos servicios".

Al respecto, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Luis Mena, consideró que la aprobación de esta reforma puede estar plagada de "conflicto de intereses, pues si el Ministerio de Justicia entrega a los registradores, que son fedatarios públicos pero que no cobran de los presupuestos del Estado, sino de los aranceles que pagan los usuarios, la gestión de los registros civiles, se puede plantear, como mínimo, la duda razonable de si el proceso no está viciado desde su comienzo". Indicó que además "se reducirá el número de registros civiles a uno por provincia y se elimina el Registro Civil Central".