Las aulas de los centros educativos de enseñanza no universitaria de Córdoba volverán a llenarse en menos de 24 horas de alumnos con el comienzo de un nuevo curso marcado por la Lomce. Una ley impulsada por el Gobierno estatal para mejorar la calidad de la enseñanza, pero que no ha sido bien acogida por buena parte del sector social y político y que todo apunta que será el detonante de próximas huelgas generales en educación. Así lo dejaron ayer claro sindicatos como CCOO, que consideran inevitable otro paro desde Infantil hasta la Universidad en el próximo otoño, y que ya tienen previsto proponerlo al resto de las organizaciones escolares dada la situación de "gravedad" de la educación pública, que ha atribuido a las políticas del Partido Popular.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, aseguró ayer con motivo del inicio del nuevo curso 2014-2015 que se trata de una "crisis educativa" que se hace "insostenible" para la calidad y equidad del sistema y el futuro del país porque, aseguró, cae la inversión, crece el número de alumnos y disminuye el profesorado. Además, añadió que el Gobierno va a implantar la reforma educativa desde este curso "a macha martillo", a pesar del "rechazo social y político" que tiene la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Al respecto, indicó que el profesorado no ha recibido "ninguna formación" sobre las novedades de la reforma educativa, que comienza en parte de Primaria y la nueva FP Básica. Incluso hay comunidades que aún no han desarrollado su propio currículo, lo que consideró "kafkiano" , al tiempo que interpretó que se trata de una ley "segregadora e inútil" para atajar el abandono escolar porque la "reválida" al terminar cuarto de ESO "dificultará" titularse. En cuanto a la FP Básica, auguró "precariedad", pues "no alcanzará a sustituir completamente a los Programas de Cualificación Profesional Inicial y porque los fondos europeos anunciados por el Gobierno para implantarla no aparecen "por ningún sitio".

CCOO tiene previsto emprender una campaña de medidas alternativas a las políticas "viejas" del PP para la escuela pública, abierta a las aportaciones de centros, profesores y familias, y seguirá con las movilizaciones, entre otros motivos, por la "falta de diálogo real" por parte del Ministerio de Educación. El Sindicato de Estudiantes ya ha convocado una huelga de alumnos entre el 21 y 23 de octubre y la general que plantea CCOO sería una más de las que se han sucedido desde que José Ignacio Wert es ministro de Educación.

Otro de los problemas que atacan con fuerza a la enseñanza es el descenso de la natalidad. Mañana los alumnos de los centros no universitarios volverán a las aulas, pero en los últimos años la bajada de alumnado es una constante. El pasado curso escolar la delegada de Educación de la Junta en Córdoba, Manuela Gómez, reconoció una tendencia demográfica negativa. A tan sólo un día de la vuelta a las aulas la Administración autonómica no ha aportado datos concretos del cuántos alumnos del curso 2014-2015, pero todo apunta a que la tendencia seguirá en descenso. Durante el proceso de matriculación, nueve de cada diez niños que ingresarán por primera vez en el colegio consiguió una plaza escolar en el centro elegido por sus familias como primera opción. En concreto, la administración autonómica aseguró, una vez que fue publicada la resolución de los menores admitidos en centros prioritarios, que el 93% de las solicitudes consiguió la plaza que quería, un porcentaje similar al del año anterior, lo que quiere decir que el resto tendrá que ser reubicado en otros colegios. Teniendo en cuenta que Educación recibió para el curso que está apunto de comenzar 7.500 solicitudes de escolarización, unos 525 niños no entró en el centro que habían elegido sus familias una vez que se ha celebrado incluso el sorteo en los casos de empate. Pese a todo, la Junta garantizó la escolarización de todos los alumnos ya que hay plazas de sobra para atender a la demanda. De hecho, para el próximo curso escolar se ofertaron 9.500 puestos y se presentaron 7.500 peticiones debido a la bajada de la natalidad.

En el caso de los centros concertados, los impagos de la Junta están ocasionando más de un quebradero de cabeza para poder dar comienzo al nuevo curso escolar. Los colegios que pertenecen a esta red todavía no han recibido el pago de la partida de "otros gastos" -mantenimiento de los recintos, luz o agua- correspondiente al segundo trimestre del año que debe realizar la Consejería de Educación. A finales del pasado mes de agosto, advirtieron que este impago provoca serios problemas en la financiación de los mismos, que llegan a ser "insostenibles" cuando los retrasos se alargan durante meses. Según datos de Escuelas Católicas son 600 personas las que en sus centros se dedican a realizar las actividades de limpieza, secretaría, conserjería o mantenimiento. Tanto esta organización como la Confederación Española de Centros de Enseñanza Concertada en Córdoba (CECE) confirmaron que a pesar de la cercanía del curso no habían recibido las cantidades que otorga la consejería de Luciano Alonso. El presidente de Escuelas Católicas, Antonio Guerra, aseguró ayer que la deuda asciende a más de dos millones de euros, lo que supone "problemas de liquidez en los centros", que tienen que buscar alternativas para compensar "los gastos de las reformas realizadas durante los meses de verano como reparaciones o limpieza general de los recintos".

Sin embargo, la Junta de Andalucía, horas después de hacerse pública esta denuncia, aseguró que ya había comenzado a saldar las deudas contraídas desde el pasado mes de abril.