La Policía Nacional ha desarticulo una organización dedicada presuntamente a introducir en España ilegalmente ciudadanos marroquíes. La operación se ha saldado con 15 detenciones en la provincia de Córdoba, entre ellos los cuatro presuntos responsables de la banda, que supuestamente también se dedicaban a concertar matrimonios de conveniencia entre ciudadanos ilegales marroquíes y ciudadanas españolas, por los que cobraban alrededor de 10.000 euros a cambio de los trámites y documentos falsos necesarios para hacer efectivos los enlaces. Los detenidos pasaron a disposición judicial y han sido puestos en libertad con cargos. De los 15, ocho de ellos han sido detenidos en Córdoba capital, cinco en Fernán-Núñez, uno en Aguilar de la Frontera y otro en la localidad de Montilla. Del mismo modo, se han efectuado tres registros domiciliarios, dos en Aguilar de la Frontera y uno en Fernán Núñez.

Las personas introducidas en el país de forma irregular eran retenidas en pisos patera hasta que sus familiares hicieran efectivo el pago de la deuda contraída con la organización. La banda ofrecía cruzar la frontera de modo irregular a cambio de unos 6.000 euros, acordando que el pago se llevaría a cabo cuando la víctima estuviera en territorio español. Las investigaciones realizadas por las autoridades policiales se iniciaron cuando una de las personas retenidas consiguió escapar y declaró que había sido captado en la ciudad marroquí de Tánger por otro compatriota, que le ofreció cruzar la frontera a cambio de dicho precio y acordando que se haría efectivo el pago cuando la víctima estuviera en el país de destino. Para poder cruzar la frontera sin ser descubierto, presuntamente lo introdujeron oculto en un camión en el Puerto de Tánger con destino a Algeciras, localidad de la provincia de Cádiz. Una vez en la península lo trasladaron a un piso en Córdoba, en el que se encontraban retenidos otros compatriotas. Según apunta la víctima, en el domicilio estuvo encerrado en una habitación, durmiendo en un colchón en el suelo y siendo escasamente alimentado por los captores, que le exigían además de los 6.000 euros, cuantía acordado anteriormente y cuyo pago realizó la familia de la víctima en Marruecos cuando esté llego a España, 5.000 euros más.

La Policía apunta que durante el tiempo que el afectado estuvo en el piso fue agredido continuamente con golpes en todo el cuerpo, cortes de cuchillo en las manos y con amenazas de muerte si no accedía a las pretensiones de su captores, a lo que las fuentes policiales añaden que estos continuaban llamando a su familia para que realizaran el segundo pago exigido, "amenazando con matarle si no satisfacían esa cantidad". Tras las oportunas investigaciones, la Policía Nacional consiguió identificar a uno de los individuos que presuntamente había participado en tales hechos delictivos y averiguó que, junto con otros individuos de la red organizada, estaban realizando los preparativos para traer a otras dos personas de modo irregular a España a cambio de una importante cuantía económica.

Los agentes lograron identificar además a otros miembros de la red, dedicados a concertar matrimonios de conveniencia entre ciudadanos marroquíes que se encontraban fuera de España y mujeres españolas, con el propósito de poder regular su situación ilegal en el país y conseguir la correspondiente autorización de residencia. Para ello, los detenidos cobraban unos 10.000 euros aproximadamente por matrimonio realizado. Para llevar a cabo esta actividad delictiva supuestamente los detenidos falsificaban un amplio número de documentos como certificados de parejas de hecho, certificados de empadronamiento, o altas fraudulentas en empresas ficticias creadas por los propios detenidos. Con esos mismos contratos ficticios intentaban conseguir también prestaciones públicas por desempleo y subvenciones irregulares.