A falta de nueve meses para que concluya el actual mandato municipal, el concejal de UCOR Carlos Baquerín se ha puesto las pilas. A pesar de que su presencia en la vida diaria de Capitulares ha sido más bien reducida -salvo algunos episodios de enfrentamiento con Rafael Gómez en los Plenos-, ahora ha aparecido y lo ha hecho para quedarse. Es más, en los próximos nueve meses, dijo, no va a hacer otra cosa que "agarrarme a la presa", entendiendo la presa como el gobierno municipal del PP al que acusa de varias irregularidades. "No me voy a vender por interés ni voy a ceder por la presión", aseguró, sino que "voy a hacer un seguimiento" a varios temas de "dudosa legalidad", según su opinión.

Baquerín repasó ayer en una rueda de prensa en el Ayuntamiento los temas que ha estado denunciando este verano, desde la apertura del correo en Capitulares hasta la cesión del centro de educación ambiental, hechos con considera de una "gravedad extraordinaria". Sus críticas ya son sabidas. El edil díscolo de UCOR ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por la apertura de correspondencia a la que espera que se sumen "varios colectivos" que ya le han expresado su "indignación". También volvió a mostrar sus "dudas" sobre la presencia del concejal Rafael Navas en diferentes empresas del ámbito privado. Baquerín envió un escrito al secretario general del Pleno aunque éste le ha contestado que "desconoce el procedimiento" para resolver sus dudas, según explicó ayer. Para el edil, Navas ha incurrido en un supuesto delito de "falsedad de documento público" y lamentó que esté vinculado a sociedades cuyo objeto social tiene mucho que ver con su cargo público.

La legalidad de la cesión del centro ambiental y la devolución del centro de recepción de visitantes también la puso en duda, pero Baquerín estaba ayer preparado para otra denuncia nueva y de una "extraordinaria gravedad" que, en este caso, tiene que ver con la Diputación. Así apuntó a una "presunta trama de corrupción organizada" en la institución provincial a través del Grupo 5, una corporación industrial creada a finales de los años 90 formada por diversas sociedades mercantiles mixtas y en cuyo accionariado hay bancos, ayuntamientos y empresas. El asunto es complicado pero lo que intentó explicar ayer Baquerín es que, en su opinión, este entramado de empresas se creó para "realizar operaciones mercantiles al margen de lo público" y "escapar" del control que se exige en estos casos. Además aseguró que este conglomerado es "un grupo fantasma" que nunca se ha sometido al Pleno de la institución provincial. El edil pidió una comisión de investigación y, si no es aceptada, "iré a la Fiscalía Anticorrupción", advirtió. Y esto no ha hecho nada más que empezar, todavía quedan nueve meses para ver hasta donde llega Baquerín.