La dramática situación por la que atraviesan los trabajadores de los Laboratorios Pérez Giménez llegó ayer al Pleno de la Diputación, que aprobó una moción en la que se exigen soluciones para acabar con las vicisitudes que rodean a esta importante empresa cordobesa. El acuerdo fue adoptado por los cuatro grupos políticos que conforman la Cámara provincial -PP, PSOE, IU y UCOR- y quiere llamar la atención para que actúe tanto la Justicia como los administradores concursales. El texto es muy contundente en algunos de sus párrafos en la exposición de motivos y apunta que "la situación de los 151 trabajadores de la empresa es absolutamente insostenible y nadie parece querer asumir la responsabilidad de todo lo sucedido" y recuerda que muchos de ellos llevan más de dos años sin cobrar sus nóminas pese a seguir acudiendo a su puesto de trabajo. Los grupos políticos de la Diputación también aseguran que "el procedimiento judicial de adjudicación de la empresa no parece culminarse nunca y tampoco da la sensación de que esté sometido al rigor y al esfuerzo que serían deseables y exigibles en beneficio de la sostenibilidad y viabilidad de la empresa y del futuro de sus trabajadores".

Por ello, las cuatro formaciones se solidarizan con los empleados y sus familias, a la par que reclaman "que se preserven sus derechos constitucionales como trabajadores y como personas". Además, instan a las autoridades judiciales competentes y a los administradores concursales de la compañía para que "en defensa del interés general y de la justicia, empleen toda la diligencia y todos los medios a su alcance para que los trabajadores puedan acceder de forma inmediata a todas las prestaciones sociales y económicas que legalmente les corresponden y a las que tienen derecho". La moción ruega a las autoridades judiciales competentes y a los administradores concursales que apliquen con urgencia las soluciones legales y económicas necesarias para que en el seno del procedimiento concursal y al amparo de la ley, garantice de una vez la viabilidad económica de la empresa, se abonen las cantidades debidas a los trabajadores y se puedan conservar la mayor parte de los puestos de trabajo existentes".

La presidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos, apuntó que "hemos recogido una reclamación de una situación complicada, por lo que agradezco a los grupos políticos de la institución el apoyo mostrado a esta iniciativa donde la Diputación de Córdoba reconoce la labor de los trabajadores. Hay que tener en cuenta que se trata de una relevante empresa farmacéutica de nuestra provincia a nivel internacional por lo que tenemos que apoyarla entre todos para que no se produzca el cierre, ya que supondría una debacle para la economía cordobesa".

Desde UGT, María Trujillo, detalló que "pedimos que los 151 trabajadores se vayan a la suspensión, hasta que la juez adjudique la empresa, pero pedimos que se lleve a cabo ya porque es una cuestión de humanidad que los trabajadores después de dejar de percibir 25 nóminas puedan recibir su prestación por desempleo". El representante del sindicato CTA Francisco Moro, subrayó su agradecimiento a la Diputación y destacó que "una vez más, una industria farmacéutica emblemática para la ciudad está en peligro de ser cerrada".