La crisis ha arrebatado la vivienda a 2.393 familias de Córdoba desde que comenzaron las dificultades económicas. Los últimos datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, corrobora que el impacto de la recesión ha tenido una de sus peores consecuencias en las familias con pocos recursos. Así, desde 2008 los juzgados han practicado de manera positiva un total de 2.393 lanzamientos (denominación del procedimiento para expulsar a los ocupantes de una vivienda) debido en la mayoría de los casos a la imposibilidad de hacer frente al pago de la hipoteca. El crecimiento de estos procesos ha sido espectacular. Así, si en 2008 se contabilizaron 187 desahucios, en 2013 la cifra fue de 578, nada más y nada menos que un 209% más. Como nota positiva hay que tener en cuenta que el año pasado ya se ha notado al menos un mínimo freno en los lanzamientos, pues la cifra de 2013 es inferior a la que se alcanzó en 2012, con 653. Este es, por el momento, el mayor número de desahucios que se han practicado en un año en la provincia, alcanzándose el récord absoluto, según el informe del CGPJ.

Para analizar la evolución de 2014 solo están disponibles los datos del primer trimestre. Sin embargo, todos los indicios apuntan que los desahucios mantendrán el ritmo creciente. Así, entre enero y marzo se practicaron 136 lanzamientos frente a los 113 registrados en el mismo periodo de 2013, lo que supone un incremento del 20%.

Durante los últimos ocho años, además, 6.824 casas han sido embargadas, mayoritariamente por los bancos una vez que las familias dejaron de hacer frente a las cuotas de los préstamos. Las ejecuciones hipotecarias en 2007, antes de que la crisis económica enseñara los dientes, fueron 284. El año pasado 1.262 familias vieron cómo su casa era embargada, cifra que representa un crecimiento del 344%; es decir, casi se ha multiplicado por cuatro. El primer trimestre de 2014 ha concluido con otras 310 viviendas embargadas. Si se observa la evolución histórica del primer trimestre se puede apreciar que las ejecuciones hipotecarias se mantienen en torno al millar de viviendas desde 2011. La cifra más alta hasta el momento registrada se produjo el año pasado, cuando que se ejecutaron 1.262 hipotecas, de las que 328 fueron entre enero y marzo del ejercicio.

El comportamiento de las ejecuciones hipotecarias y de los desahucios desde que comenzó la crisis hasta ahora permiten comprobar, por un lado, el casi insignificante impacto que tienen en el cómputo general las diferentes oficinas de atención a los afectados creadas tanto por los ayuntamientos como por la Junta de Andalucía para favorecer la renegociación con los bancos y detener los desahucios. Por otro lado, muestran que la mejoría de los datos del empleo que registran las estadísticas oficiales han aliviado poco o nada la economía de las familias más golpeadas por la crisis, a las que les sigue resultando igual de difícil asumir los costes de la vivienda.

La falta de un empleo aún sigue haciendo mella y poniendo en una situación muy complicada a muchas familias. Así, según la Encuesta de Población Activa (EPA), un total de 44.400 hogares de la provincia cordobesa tiene a todos sus miembros en paro. La cifra es alarmante si se tiene en cuenta que hasta 50.500 familias tienen al menos una persona sin trabajo. La mejora de la economía que se está trasladando desde el Gobierno, no obstante, no tiene todavía su ejemplo en la economía familiar de nuestro entorno, donde miles de personas atraviesan todavía muchas dificultades para hacer frente al día a día.

El desahucio es el punto y final a un complejo proceso que arranca cuando un propietario o una entidad bancaria denuncian a un inquilino o a un particular que ha incumplido la obligación de pagar. Si la resolución judicial declara que es preceptivo el desahucio, el denunciado está obligado a desalojar la vivienda en el plazo que marca la propia sentencia. Llegado el momento de la expulsión de la vivienda, el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, con todos los datos recibidos, señala un día para desalojar la vivienda y se lo comunica a los ocupantes. Aunque estos no recojan la citación, el lanzamiento se lleva a cabo el día señalado. En esa fecha, los funcionarios comparecen en el inmueble y proceden al desalojo. Si el inquilino opone resistencia, se solicita el auxilio de la policía.