El Consejo Social de la Ciudad de Córdoba ya tiene su dictamen sobre las ordenanzas fiscales que la Junta de Gobierno Local aprobará hoy y que se llevarán posteriormente al plenario. En síntesis, el órgano consultivo viene a mostrar su apoyo a la reducción de tasas e impuestos para el año que viene, aunque también incide en que es necesaria una reducción de la presión tributaria que sufren los cordobeses, para lo que pide la intervención del gobierno local del PP. Así, ese informe deja claro que el consejo "no puede por menos que mostrar su acuerdo con esta política general de contención-minoración de la carga impositiva, que va en la línea de las recomendaciones hechas en dictámenes similares emitidos en anteriores ejercicios. Pero frente a este aplauso, el Consejo Social de la Ciudad de Córdoba, reitera la recomendación general de que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para que, dentro del propósito de lograr la estabilidad presupuestaria, se profundice en el intento de reducir la presión tributaria que vienen padeciendo los ciudadanos y las empresas, sin rebajar la calidad de los servicios públicos prestados y bajo la premisa ineludible de tratar de favorecer siempre a aquellos sectores más castigados por el escenario económico en el que nos desenvolvemos".

Hasta ahí son las apreciaciones generales del órgano consultivo, si bien también opina sobre algunas cuestiones concretas del proyecto de las ordenanzas fiscales. Una de ellas es la que se refiere a que según el Ayuntamiento, a partir del 1 de enero de 2015 los servicios prestados en relación al agua (alcantarillado y abastecimiento de agua potable) dejarán de abonarse como tasas y pasarán a satisfacerse como precios privados por adecuación a la normativa de la Ley de Tasas. En virtud de esa ley, queda prohibida la obtención de beneficios en la prestación de los servicios sujetos a tasas, "situación que, según informa la corporación, viene produciéndose en el estado de resultados de la empresa responsable de la prestación del servicio", apunta el consejo, para el que esa sustitución que pretende el Consistorio genera "indefensión" entre los ciudadanos. Además, significan "la importancia que para la ciudadanía supone el mantenimiento de dichos gravámenes como tasas, descartando la propuesta de sustitución por precios privados, máxime teniendo en cuenta la falta de conocimiento de este órgano acerca de la potestad discrecional de la Corporación en el establecimiento de sus cuantías".

En cuanto al IBI, el informe indica que la significativa disminución del tipo impositivo del tributo (10%), deja de ser tal si se tiene en consideración la previsión de incremento de los valores catastrales de los inmuebles radicados en el municipio de Córdoba, también del 10%. Añaden que aunque el Consejo es consciente de la obligación que incumbe a la Corporación en relación a las actualizaciones catastrales, "lo cierto es que la presión tributaria ejercida por este impuesto ocasiona un importante escollo en la economía de familias y empresas, máxime en la coyuntura de crisis en la que nos encontramos". En consecuencia, este órgano "tiene que exhortar nuevamente al gobierno local a que reduzca el IBI urbano, de forma que el tributo en cuestión deje de suponer la carga fiscal que hasta ahora viene trasladándose a los ciudadanos y con el establecimiento de unos parámetros que representen una "efectiva" reducción de la cuota tributaria soportada por los sujetos pasivos".