La Junta aún está estudiando, desde el punto de vista jurídico, si le compete o no reclamar la titularidad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que ya anunció el pasado mes de febrero que haría. Así lo señaló ayer la delegada del Gobierno andaluz, Isabel Ambrosio. En este sentido, insistió que "aún seguimos trabajando" en ello porque es "un asunto complejo, que tiene muchos flecos". Por ello, aclaró la necesidad de "tener una posición clara" en el asunto y, "sobre todo, de seguridad jurídica".

Ambrosio afirmó que están "estudiando todas y cada una de las posibilidades" y es por este motivo por lo que aún "no está el trabajo concluido". La delegada apuntó que desconoce la fecha prevista en la que se dará a conocer la reclamación, pero que el día que la terminen "lo daremos a conocer y lo explicaremos con detenimiento".

Fue la propia delegada del Gobierno andaluz, el pasado 21 de febrero, ante la petición online de firmas para demandar a la Junta y a la Unesco que promovieran la titularidad pública de la Mezquita-Catedral, inscrita desde 2006 a nombre de la Iglesia Católica, quien anunció entonces que la Administración autonómica "ha solicitado un informe para saber si le compete al Gobierno de la Junta de Andalucía reclamar la titularidad pública de ese bien".

En aquella primera ocasión Ambrosio señaló que la Junta "es una institución seria y cada uno de los pasos que da tienen que estar bien asentados", de ahí que, antes de adoptar una posición oficial sobre este asunto, haya pedido el citado informe jurídico, aún no concluido.

Además, la decisión que tome al respecto la Junta, según destacó ya Ambrosio, tendrá en cuenta que la Mezquita-Catedral "es un Bien de Interés Cultural (BIC); además de ser Patrimonio de la Humanidad", según lo estableció en su día la Unesco, de modo que, con más razón, según indicó la delegada, es preciso esperar a que el mencionado informe jurídico indique "si le compete a la Junta de Andalucía, o bien al Gobierno central, reclamar la titularidad pública sobre ese bien".

Tres días después de estas declaraciones, el pasado 25 de febrero, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dijo que "la titularidad pública de la Mezquita es compatible con la gestión por parte de la Iglesia Católica de este histórico templo" y aseguró que desde el Gobierno andaluz va a apostar "por el diálogo siempre", pues no quieren "que esto se convierta en un tema de confrontación.

Por eso, según precisó, el objetivo del Gobierno andaluz, más allá de los "instrumentos jurídicos" que se puedan utilizar, es que "ese acuerdo sea posible, que se revierta la situación anterior al año 2006", antes de que la Iglesia inmatriculara a su nombre el monumento, de forma que "se pueda compatibilizar con naturalidad la titularidad pública de los ciudadanos con la gestión que, en estos momentos, está ejerciendo y puede seguir ejerciendo la Iglesia".