La sociedad JSC Krasfarma, perteneciente al Grupo Inpark, domiciliado en Rusia, no tira la toalla. Ayer volvió a reafirmar su oferta en el Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba para hacerse con los laboratorios Pérez Giménez, empresa farmacéutica ubicada en Almodóvar del Río y en concurso de acreedores desde el pasado 2011. El grupo ruso está dispuesto a pagar 12 millones de euros con el compromiso de mantener a un centenar de trabajadores y con la intención de ampliar la factoría y su capacidad productiva, invirtiendo otros ocho millones de euros.

La presentación de la oferta en el juzgado coincidió con la finalización del plazo, el pasado viernes, que el juez le otorgó a Global Aeronautic para que abonara los once millones que se comprometió a pagar para hacerse con la farmacéutica. Al no efectuarse este pago, está previsto que el Juzgado de lo Mercantil abra un nuevo proceso de subasta, al que quiere optar Krasfarma.

Fuentes del comité de empresa de Pérez Giménez, informaron a El Día que Krasfarma les comunicó su intención de reafirmar e incluso "mejorar" su oferta ante el juzgado con documentación "más amplia y clara". En concreto, el grupo ruso ofrece por la factoría "12 millones de euros", además del "mantenimiento de 100 puestos de trabajo, pudiendo aumentar esta cifra hasta completar e incluso superar a la actual plantilla de 151 puestos de trabajos. El nuevo plan de inversiones que se proponen llevar a cabo prevé además una "inversión de ocho millones para la construcción de una planta destinada a la producción de productos oncológicos". Krasfarma cuenta con "un capital de aproximadamente 20 millones de euros y 1.100 trabajadores", mientras que el grupo ruso al que pertenece, "el Grupo Inpark, tiene 3.500 trabajadores".

Esta oferta para los trabajadores de los laboratorios "sería la mejor opción", pero "siempre y cuando cumplan lo que han prometido y no pase igual que con Global Aeronautic". No obstante, en la anterior subasta, encabezaba la lista, tras la ganadora, Zumos Palma y Laboratorios Normon, de modo que éstas también tienen opciones de quedarse con Pérez Giménez.

El sindicato CTA, por otra parte, criticó ayer que los 111 trabajadores de los laboratorios afectados por la suspensión temporal de sus contratados están teniendo "serias dificultades para poder cobrar la prestación por desempleo". Ello se debe, según señaló CTA en un comunicado, a que "ni el juzgado, ni los administradores concursales han tenido en cuenta, durante la tramitación del expediente de regulación de empleo de carácter suspensivo de 111 de estos trabajadores, la obligación que tienen las empresas de realizar un certificado de lo que debieron cobrar durante los seis últimos meses, para tener derecho a la prestación por desempleo que exige el SEPE, porque así lo establece la legislación vigente".

La consecuencia de ello, según lamentó el sindicato, es que los trabajadores que están solicitando el desempleo están siendo informados en las oficinas públicas de que la empresa no ha cumplimiento dicho requisito, "cuestión que ya sucedió en el anterior expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter temporal". Entre tanto, los 40 trabajadores restantes, que continúan estando en situación de alta, por no estar incluidos en el ERE temporal, "tampoco percibirán ningún tipo de prestación, ni retribución, puesto que la empresa no paga". CTA denunció que la situación de la plantilla "es límite", ya que "muchos de ellos llevan 25 meses sin ningún tipo de ingreso, teniendo que ser sustentados por familiares".