Alrededor de 60 niños viven con sus familias en asentamientos rumanos repartidos por la ciudad. Éste es uno de los datos que se extrae del informe elaborado por la Dirección General de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento a cuenta del programa para la integración de menores en situación de exclusión, que está centrado en la población rumana de etnia gitana. El documento recopila datos hasta finales del año pasado y pone de manifiesto que en la capital hay detectados unos diez asentamientos donde habitan unas 50 familias con 60 menores. La agrupación en chabolas a las afueras de la ciudad es la forma de residencia más habitual de estas familias, que normalmente son itinerantes y poco estables. Los asentamientos supusieron un gran problema en Córdoba a comienzos del año 2000, sobre todo entre 2004 y 2007, cuando se localizaban grandes refugios en los que vivían hasta 90 personas. Los desalojos de estos asentamientos eran continuos ya que el chabolismo no está permitido. Este fenómeno, no obstante, se sigue dando en la capital aunque a menor escala. Los desalojos policiales se siguen produciendo lo que implica una gran movilidad entre estas familias, tanto dentro de Córdoba como fuera por "frecuentes viajes a Rumanía".

El informe de Servicios Sociales establece que también hay localizadas en torno a seis u ocho viviendas donde residen 20 familias rumanas gitanas con 30 menores. Estos grupos están un poco más integrados en la sociedad, aunque también necesitan medidas para favorecer la total inclusión. Para ello precisamente está en marcha desde el año 2010 el programa para la integración de menores en situación de exclusión, que agrupa diversas actuaciones dirigidas al colectivo rumano de etnia gitana y que se divide en el servicio de estancia diurna infantil y la unidad de intervención social de calle. El primero ofrece una aula para los niños en la que se organizan actividades de satisfacción de necesidades básicas -como aseo personal, alimentación y sueño- o psicomotricidad y juegos. La clase se mantiene abierta en Navidad, Semana Santa y verano y al año pasan por ella entre 20 y 30 niños mientras que la asistencia media oscila entre cuatro y ocho menores.

En cuanto a la unidad de intervención social de calle, se centra en varios aspectos, desde la educación a la salud o la mendicidad, uno de los problemas que más preocupa en la actualidad. De hecho, el origen de este programa de inclusión tenía como único objetivo "eliminar la mendicidad de las mujeres rumanas acompañadas por sus bebés" a través de medidas "coercitivas". El censo de Servicios Sociales tiene detectadas a una media de 20 mujeres que realiza esta práctica. Suelen concentrarse en zonas concretas de la ciudad, como es el "Centro y la zona turística". La concejal delegada de Servicios Sociales, María Jesús Botella, aseguró que en los últimos meses también que junto a las madres que van con sus hijos ejerciendo la mendicidad, también se ha detectado el caso de menores en torno a 14 y 16 años que abandonan el colegio para realizar esta práctica.

El programa también favorece la escolarización de los niños y realiza un acompañamiento al centro escolar para garantizar la asistencia, además de favorecer las relaciones entre el colegio y la familia. Igualmente, la unidad de calle visita periódicamente los asentamientos y viviendas para conocer la situación de las familias. La salud es otro de los ejes del plan, ya que los trabajadores sociales se preocupan del acceso a los distintos recursos sanitarios de manera coordinada con el Hospital Materno-Infantil.

Botella destacó que este programa está suponiendo "un avance bastante serio" en la protección de los menores aunque reconoció que "todavía queda mucho por hacer". La edil apuntó que cada vez hay más niños escolarizados y que el Consistorio está trabajando para la normalización de este colectivo.