José Luis Garrido. Decano del Colegio de Abogados de Córdoba

'La reforma judicial del Ejecutivo es un recorte a los derechos ciudadanos'

  • El decano del Colegio de Abogados analiza la situación que vive la abogacía a tenor de los cambios planteados por el Ministerio que dirige Alberto Ruiz Gallardón.

La abogacía viene denunciando la situación que atraviesa la Justicia Gratuita, lo que unido a las reformas legislativas que afectan a la justicia en general y a la abogacía en particular, supondrá un retroceso en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, según el decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido . Analizamos con él los nuevos tiempos que corren para la abogacía española.

-¿Cómo se vislumbra el futuro de la Justicia Gratuita? ¿Cree que está en juego la calidad del servicio?

-Podríamos decir que lo que está en juego es el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y la continuación del servicio de Justicia Gratuita tal y como lo conocemos ahora. El proyecto de ley que está sobre la mesa supondrá el estrechamiento de los umbrales de acceso a la Justicia Gratuita y el aumento de la burocracia en el funcionamiento del servicio. Al igual que otras reformas promovidas por el Ejecutivo central, ésta no cuenta con el consenso de los profesionales implicados. Se está perdiendo la oportunidad de resolver los auténticos problemas de la Justicia Gratuita, de adecuar el servicio a los ciudadanos y a la realidad social y económica del momento, abordando determinadas disfunciones que existen, y dignificando el trabajo de los abogados del Turno de Oficio. Nos encontramos con el mal endémico de la falta de valoración por parte de las administraciones de la labor que realizan los abogados y abogadas del turno de oficio. Esto se traduce en la ausencia de unos honorarios dignos de la función que desempeñan, así como en el cansino y persistente retraso en el pago de los servicios que prestan.

-¿Hasta qué punto podrán verse los ciudadanos afectados por las reformas que promueve el Ejecutivo?

-La suma del proyecto de Ley de Justicia Gratuita, la Ley de Tasas Judiciales, los anteproyectos de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y el de Seguridad Ciudadana se traducen en un evidente recorte en los derechos fundamentales de los ciudadanos y en dificultades en el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva.

-¿Qué consecuencias tendría dicha reforma sobre los abogados que prestan el turno de oficio? ¿Y sobre los propios Colegios encargados de la gestión del servicio?

-La principal consecuencia para los profesionales es que con la propuesta del Ejecutivo no está garantizada la financiación del servicio y, por tanto, tampoco la retribución del trabajo que realizan los abogados y abogadas a costa de mucho esfuerzo y dedicación. Para los Colegios supone un aumento de burocratización y más carga de trabajo en la gestión del servicio, con costes añadidos cuya cobertura tampoco asegura la Administración.

-Por otro lado, ¿qué repercusión ha tenido para el Colegio de Abogados de Córdoba la nueva Ley de Acceso a la Profesión y cómo se conjugará esa norma con las nuevas propuestas legales sobre colegios profesionales?

-Por fin entró en vigor la tan demandada Ley de Acceso. Indudablemente han accedido a la colegiación innumerables licenciados cuyas pretensiones, por el momento, no son el ejercicio profesional. Nuestro Colegio ha hecho bien sus deberes y, aunque no estamos contentos con el Proyecto de Ley de Servicios Profesionales, estamos muy tranquilos. Ello no quiere decir que, en casos muy concretos, no se hayan producido situaciones indeseadas e indeseables que sin duda, van a perjudicar a la profesión en general y a los propios colegios que las han propiciado en particular.

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