El juicio por el conocido como caso Torreblanca quedó ayer visto para sentencia tras la exposición de los informes finales de las partes. El Ministerio Fiscal mantuvo para cada uno de los cuatro agentes policiales acusados una pena tres años y nueve meses de prisión por la comisión de un presunto delito de falsedad cometido por funcionario público. Las defensas de los procesados, por su parte, pidieron la absolución de sus clientes, aunque solicitaron que se aplique la atenuante de dilación indebida -el juicio se ha celebrado seis años después de que se iniciara la investigación de los hechos- si finalmente el fallo fuese condenatorio.

El fiscal argumentó su informe concluyendo que durante las dos sesiones del juicio, que se ha celebrado en la sala de vistas de la Sección Tercera de la Audiencia, ha quedado demostrado que los cuatro agentes acusados actuaron de "común acuerdo" para alterar el expediente de la edificación ilegal que estaban construyendo dos de los policías -que son matrimonio- para así conseguir darle cobertura administrativa. El fiscal señaló que el matrimonio era consciente de que estaba construyendo una vivienda en un terreno ilegal, mientras que los otros dos agentes, a pesar de detectar la infracción urbanística, no agilizaron la denuncia y mantuvieron el expediente en "standby". El Ministerio Público insistió en que con la modificación del expediente los agentes pretendieron "tapar la inactividad" de la Policía en la tramitación de infracciones y "salvaguardar el honor y la profesionalidad de su uniforme".

En cuanto a la dilación del proceso, aseguró que ha sido un procedimiento con numerosos recursos y, además, lamentó que la instrucción "no ha sido un ejemplo de buen hacer".

Las defensas de los acusados coincidieron en que el registro de expedientes que usaban los agentes para las infracciones urbanísticas "no tenía un carácter oficial", sino que era un programa informático que se creó únicamente para el "uso interno" de los agentes. Por ello, los letrados de los acusados insistieron en que las modificaciones de los expedientes eran "habituales" en dicha base de datos, puesto que además "estaba pensado para ello".

Los abogados, incluso, señalaron que el expediente que se emitió sobre la vivienda ilegal propiedad de dos de los acusados no tiene valor probatorio, puesto que no lleva impresa la firma de ningún agente, aunque detallaron que los datos coinciden con el acta de denuncia manuscrita por los agentes del área de Disciplina Urbanística. Por ello, recalcaron que no hay "pruebas suficientes" que demuestren la alteración intencionada de dicho documento.