La Fiscalía Provincial de Córdoba ha iniciado una investigación tras la denuncia de la asociación Prodeni por el uso de menores rumanos y de etnia gitana para la mendicidad en la capital. Así lo confirmó ayer el fiscal jefe, José Antonio Martín Caro, quien se refirió a la complejidad de la actuación, ya que intervienen varias administraciones, como es el caso de la Junta de Andalucía cuando se trata de protección de menores o de la escolarización de niños, mientras que el Ayuntamiento está parta posibles intervenciones de la Policía Local. Martín Caro apuntó que no se trata de un asunto "que esté abandonado" a día de hoy, pero que en ocasiones es difícil debido, por ejemplo, a que cuando se inicia un expediente por escolarización de esos menores las familias desaparecen de los asentamiento que suelen habitar.

Esta actuación de la Fiscalía se produce después de que Prodeni denunciara el caso y que sus responsables indicaran que Córdoba "ostenta el dudoso mérito de ser la capital de la mendicidad que utiliza a niños como gancho". Ello se debe a que la capital es "el único lugar de España donde tal práctica persiste, mientras crece el malestar de vecinos, comerciantes y visitantes, que achacan falta de interés de las autoridades e inoperancia policial" para acabar con estas prácticas, de las que, según detalla Prodeni en su denuncia ante el fiscal, también son "víctimas madres adolescentes de entre 13 y 16 años" e igualmente menores que "hacen de aparcacoches".

Prodeni, que también aludió en su denuncia a que la mayoría de estos menores no están escolarizados, aseguró que "ser niño gitano rumano es estar más desprotegido y en mayor desigualdad, y peor si es niña", razón por la que la asociación se pregunta "si las instituciones actuarían de la misma manera si quienes van sujetos e inmóviles durante horas en brazos de sus madres fuesen gitanos españoles o payos nacionales o inmigrantes".

Con contundencia habló también hace algunos días el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, reconoció abiertamente que "todas las administraciones están obligadas a hacer algo más" en torno a este problema y que tratará de tomar medidas para que se proteja a esos menores y no se utilicen para la mendicidad. Así, avanzó que tratará de reunirse con fiscales, unidad policial adscrita de la Junta y el Ayuntamiento de Córdoba para que se tomen cartas en el asunto, ya que "se puede encontrar una solución, porque las hay, tanto del punto de vista social, como legal". Primo Jurado confesó sin complejos que "me repugna" que este tipo de situaciones ocurran en las calles de Córdoba, dado que "no es de recibo que se produzca una mendicidad y menos una mendicidad utilizando a los niños". Añadió que "no es solo cuestión de seguridad, sino que es un tema social".