El subdelegado del Gobierno en Córdoba dio ayer dos pasos al frente para tratar de frenar una situación que se viene repitiendo en los últimos meses en la ciudad y que el martes denunció la asociación Prodeni, como es el uso de menores rumanos y de etnia gitana para mendigar. El primero de esos pasos fue la asunción de responsabilidad de todas las instituciones públicas por permitir situaciones de este tipo, hasta el punto de que reconoció abiertamente que "todas las administraciones están obligadas a hacer algo más" en torno a este problema. El segundo fue el anuncio de que tratará de tomar medidas para que se proteja a esos menores y no se utilicen para la mendicidad. Así, el responsable del Gobierno central en Córdoba avanzó que tratará de reunirse con fiscales, unidad policial adscrita de la Junta de Andalucía y responsables de la Administración andaluza y el Ayuntamiento de Córdoba para que se tomen cartas en el asunto, ya que "se puede encontrar una solución, porque las hay, tanto del punto de vista social, como legal".

Juan José Primo Jurado alertó de que se podrían estar dando casos de "absentismo escolar de los niños o la situación de mendicidad irregular" y confesó sin complejos que "me repugna" que este tipo de situaciones ocurran en las calles de Córdoba, dado que "no es de recibo que se produzca una mendicidad y menos una mendicidad utilizando a los niños". Añadió que "no es solo cuestión de seguridad, sino que es un tema social".

Sobre si ha habido permisividad por parte de las administraciones en este caso, el subdelegado precisó que "no se trata de buscar culpables, sino de que entre todos encontremos una solución integral, porque afecta a unas personas indefensas como son los niños y a una imagen de ciudad". Por ello, abogó porque "nos pongamos de acuerdo y demos un paso más".

Asimismo, señaló que la utilización de menores para la práctica de la mendicidad era una realidad que, en su opinión, había desaparecido de las calles de la ciudad, pero que ha vuelto a aflorar últimamente. También advirtió de que el trabajo policial sirve de poco si no hay actuaciones paralelamente por parte del restos de instituciones públicas, ya que cada una de ellas "sabe por dónde debe actuar". Sobre la existencia de mafias que controlaran esta actividad con menores en Córdoba, el subdelegado indicó que "no hay constancia de ello", pero que en todo caso se trata de "una práctica dolorosa a la vista y al sentido común", motivo por el que considera que se tiene que "ver cómo están las ordenanzas municipales, cómo la Fiscalía tipifica estos temas para no incurrir tampoco en pasarnos de la Ley". Primo Jurado sentenció que la mendicidad con menores "es algo serio porque afecta a niños, a la dignidad de las personas y a la imagen de la ciudad", dijo.

Mucho menos autocrítica fue su compañera de partido y responsable de Familia y Servicios Sociales, María Jesús Botella, quien, sin llegar a reconocer abiertamente la utilización de menores para la mendicidad, dio cuenta de las actuaciones que realiza en esta materia su departamento. Así, dijo que la atención que el Ayuntamiento de Córdoba presta a los niños rumanos de etnia gitana persigue el objetivo "de evitar su presencia en las calles y procurar la adopción de hábitos de escolarización, higiene y alimentación adecuada". La edil explicó que este programa de atención consiste tanto en la unidad de calle como en la unidad de estancia diurna, que cuentan con un presupuesto anual que supera los 140.000 euros.

La primera de ellas, la unidad de calle, está formada por una trabajadora social, un educador y un intérprete de rumano. Botella la describió como "un trabajo a pie de calle, consistente en hacer un seguimiento de todas las personas de etnia gitana rumana para garantizar la correcta escolarización y atención sanitaria, como el cumplimiento del calendario de vacunas, entre otros aspectos". Este equipo recorre constantemente tanto los asentamientos como los domicilios de estas familias y les presta también ayuda en la realización de determinados trámites, como la inscripción en el registro civil de los recién nacidos.

La concejal del PP detalló que la unidad de estancia diurna atiende a los menores desde que cuentan con cuatro meses de edad hasta que son escolarizados. "Consiste en habituarlos a la escolarización desde el principio y a quitarlos de la calle con este servicio que se les ofrece, pero que no se les puede imponer", afirmó. Además, la concejal de Familia y Servicios Sociales aseguró que la población rumana "tiene también a su disposición las ayudas de emergencia y las ayudas económicas familiares si cumplen con los requisitos para acceder a ellas".

Estas afirmaciones se han producido después de que la Asociación para los Derechos del Niño y de la Niña (Prodeni) haya interpuesto una denuncia ante el Fiscal del Menor "contra la utilización de niños" rumanos de etnia gitana por parte de mujeres de la misma nacionalidad en Córdoba para ejercer la mendicidad, llegando la situación al punto de que para este colectivo Córdoba "ostenta el dudoso mérito de ser la capital de la mendicidad que utiliza a niños como gancho".

Ello se debe a que la capital es "el único lugar de España donde tal práctica persiste, mientras crece el malestar de vecinos, comerciantes y visitantes, que achacan falta de interés de las autoridades e inoperancia policial" para acabar con estas prácticas, de las que, según detalla Prodeni en su denuncia ante el fiscal, también son "víctimas madres adolescentes de entre 13 y 16 años" e igualmente menores que "hacen de aparcacoches". Prodeni, que también alude en su denuncia a que la mayoría de estos menores no están escolarizados, asegura que "ser niño gitano rumano es estar más desprotegido y en mayor desigualdad, y peor si es niña".