El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto (PP), afirmó ayer que "era bastante fácil prever" la resolución judicial que se ha producido, ordenando que se lleve a cabo en el plazo máximo de un mes, el desalojo del antiguo colegio Rey Heredia que los activistas de la Acampada Dignidad habían ocupado y convertido en centro social.

En declaraciones a los periodistas, Nieto, quien inauguró en la Diputación, junto a su vicepresidente primero, Salvador Fuentes, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero, una jornada sobre planificación hidrológica, opinó que la orden judicial de desalojo es lógica, pues "no se puede pensar que cualquiera puede llegar a un sitio y, por el hecho de que esté vacío, entrar y ocuparlo sin más".

A juicio de Nieto, "este es uno de los casos más evidentes de que la ley marca unos procedimientos para que se pongan en marcha iniciativas de lo que sea", de forma que, "ahora mismo, cualquier entidad que quiera promover una actuación benéfica sabe que hay un procedimiento que debe ser igual para todos y tiene que respetarse".

Junto a ello, el alcalde aseguró que en el Ayuntamiento y ante las sentencias judiciales, les sean o no favorables, siempre "acatamos las sentencias y respetamos lo que dice la Justicia", aunque "hay quienes hacen manifestaciones de apoyo a las sentencias que les gustan y manifestaciones en contra de las sentencias que no les gustan, pero a base de manifestaciones no funciona un Estado de Derecho", sino que lo hace "en base a la ley y al cumplimiento de la misma, que en caso de controversia pues se dirime en los tribunales".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno central en Córdoba, Juan José Primo Jurado, anunció que la Policía Nacional, por orden judicial, está investigando el hecho de que "hay cerca de unos 40 edificios ocupados en Córdoba", algunos pertenecientes a bancos, y que han sido "ocupados sin el permiso de los propietarios". Primo Jurado explicó que la Policía está "simplemente" cumpliendo la ley y respondiendo a la petición del juez de investigar cómo se han ocupado dichos inmuebles y en "qué condiciones" y la Policía hará "lo que la Justicia dictamine".

Ante la sentencia de desalojo dictaminaba por el juez, desde Acampada Dignidad ya anunciaron que la recurrirán y declararon que "cuando se vaya a cerrar el centro se hará una resistencia pasiva, pero sin problemas", a lo que añadieron que "el desalojo no produce ningún problema, porque se va a seguir haciendo lo que se hacía en cualquier otro sitio y de mil maneras distintas". Sin embargo, lamentaron que con esta medida "más de 100 personas diarias se quedan sin su plato de comida". No obstante, afirmaron que respetan la decisión judicial aunque no la ven "casual", después de que el domingo se desalojara la Corrala Utopía, en Sevilla.