Publicidad comercial por internet con datos personales o aseguradoras que, sospechosamente, disponen de información confidencial. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso tres sanciones en la provincia de Córdoba durante 2007 a entidades que utilizaron irregularmente información privada de ciudadanos, según consta en la memoria de la institución integrada en el Ministerio de Justicia. Los cordobeses, en total, presentaron ocho denuncias ante la Agencia, tres de las cuales se resolvieron a favor de los usuarios.

La videovigilancia, el envío masivo de correos electrónicos o la divulgación de la información bancaria son asuntos que preocupan cada vez más a los ciudadanos, como lo demuestra el hecho de que las inspecciones iniciadas por la AEPD aumentaron un 7% en el último año, hasta el punto de iniciarse 1.263 expedientes en todo el país. Según el informe, el mayor número de inspecciones realizadas afectaron a las telecomunicaciones y las entidades financieras, a las que les siguieron la videovigilancia, con un incremento superior al 400%.

A continuación, los sectores en los que se iniciaron más inspecciones fueron la Administración pública, las comunicaciones electrónicas comerciales (el denominado spam), las asociaciones, clubes, colegios profesionales o partidos políticos, la sanidad y las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado. Los procedimientos sancionadores iniciados contra entidades privadas, además, aumentaron un 32%, entre otras cuestiones, por los problemas generados por las empresas de telecomunicaciones o las entidades financieras, según la memoria.

En Andalucía, en 2007 se presentaron 143 denuncias ante la Agencia, una cantidad que supone un 5,1% más que en el año anterior. Huelva se situó en el último lugar en cuanto al número de expedientes (con seis casos), mientras que Sevilla y Málaga encabezaron el ranking (39 asuntos cada una). En cuando a las sanciones, la AEPD detectó tres infracciones en Córdoba y Cádiz.

La memoria dedica un apartado al control creciente de la vida laboral por parte de las empresas. La videovigilancia, el correo electrónico o el acceso a internet, entre otros asuntos, "han intensificado el debate sobre los límites y las garantías que deben acompañar al ejercicio de las facultades de control", explica el informe.