Las denuncias presentadas por la Fiscalía Anticorrupción y Cajasur contra Rafael Gómez y el ex director de la entidad Francisco Jurado van camino de eternizarse en los Juzgados. Y es que cuatro meses después de que se hiciera pública la querella presentada por la caja cordobesa y por el Ministerio Público, los magistrados encargados de la instrucción todavía discuten qué órgano debe hacerse caso del procedimiento.

Fuentes judiciales informaron ayer de que, por este motivo, los papeles prácticamente no se han movido: no se han solicitado pruebas ni se han tomado declaraciones. La querella presentada por Cajasur contra Jurado recayó en el Juzgado de Instrucción número 6 por encontrarse en ese momento de guardia, mientras que la denuncia de Anticorrupción y la querella contra Gómez fueron a parar a Instrucción 7 como consecuencia del reparto ordinario de casos. La Fiscalía Provincial propuso entonces que todo el procedimiento se unificara en un solo juzgado, un hecho que todavía no se ha decidido.

Para resolver el conflicto, los magistrados hicieron una consulta hace unos días al juez decano, Luis Rabasa. Pero la respuesta del juez de Menores no ha resuelto las dudas, debido a que al tratarse de una cuestión jurisdiccional y no gubernativa no posee competencias. Rabasa, no obstante, recomendó que fuese Instrucción 7 el juzgado que asumiera la responsabilidad.

Los hechos denunciados se refieren, supuestamente, a hechos ocurridos en la anterior etapa de la entidad, antes de que ésta regresase a la tutela de la Junta de Andalucía y antes también de que Santiago Gómez Sierra llegara a la cúpula. Las querellas acusan a Gómez y Jurado de sendos delitos societarios que, al parecer, quedaron al descubierto en el proceso de auditoría interna que impulsó el actual presidente apenas un mes después de su llegada a este cargo en enero del año pasado. En concreto, Cajasur acusa al empresario Rafael Gómez de haber cometido una ilegalidad en 2004 en la empresa Arenal Sur 21, que compartían entonces la caja y el conocido industrial.

La entidad financiera, al parecer, firmó ese año un contrato de arrendamiento con otra empresa intermedia con el fin de que ésta realizase unos trabajos que Cajasur considera "ficticios o de imposible cumplimiento" en Manilva. El encargo que realizó al constructor cordobés consistía supuestamente en que el Ayuntamiento de la localidad malagueña modificase la edificabilidad de unos terrenos de Arenal Sur 21.