El Pleno aprobó ayer, sólo con los votos a favor del PP, la iniciativa para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el entorno de la Calahorra y Miraflores con los grupos de la oposición en contra y la división de los vecinos. La moción presentada por el PP se refería al reordenamiento que se ha planteado en la zona tras el conflicto surgido con la ocupación del colegio Rey Heredia, que ha traído el debate sobre la necesidad o no de mantener el plan del río (aprobado en los años 90) en el que se incluía la expropiación de varios edificios de la zona para la construcción de una gran plaza y el Museo de Bellas Artes. Tanto IU como PSOE volvieron a mostrar ayer su rechazo a esta nueva propuesta que consideran una "ocurrencia" del alcalde, José Antonio Nieto, aprovechando el problema del Rey Heredia. Entres los vecinos, además, no existe una opinión unánime sobre lo que quieren que se haga en la zona y mientras que la Asociación de Vecinos Puente Romano se niega a las expropiaciones, el Consejo de Distrito Sur pide que se siga adelante con el plan original.

En este sentido, la presidenta de la Asociación de Vecinos Puente Romano, Carmen Sevilla, aseguró que los residentes en la zona (con el respaldo de las familias del Campo de la Verdad) "no estamos dispuestos a los derribos" y criticó al quien "se le encendió la bombilla" de plantear un día las expropiaciones. Sevilla afirmó que la parte de la Calahorra "se saque del plan urbanístico" y se mostró a favor de la construcción del Bellas Artes.

El presidente del Consejo de Distrito Sur, Juan Antonio González Adarve, sin embargo, mostró una postura bien distinta. Así apostó por la conclusión del plan del río "que ya está casi ejecutado" porque este plan urbanístico supone "la integración de la zona sur en la ciudad". González recordó que el objetivo inicial de esta propuesta era que el Puente Romano "no fuera un camino de ida y vuelta" para romper la "barrera" que había entre la parte sur y el resto de la ciudad. En cuanto a los usos del colegio Rey Heredia, González exigió que se ceda el edificio hasta que se ejecute el derribo o hasta que concluyan las obras de la Escuela de Magisterio y se hayan adjudicado los espacios para los colectivos sociales.

Lo que pretendía el PP con este debate es que cada partido mostrara su postura respecto a la ordenación del entorno de la Calahorra y Miraflores. Así se encontró que ni IU ni PSOE apoyaron la iniciativa de modificar el PGOU y criticaron la "falta de participación" que promueve el gobierno municipal para una cuestión de tanto alcance. En concreto, el concejal del PSOE Emilio Aumente avisó al PP de que "están abriendo un melón que puede traer enfrentamientos no deseados" en alusión a la división de los vecinos por la modificación del PGOU y acusó al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Luis Martín, de "romper el modelo de ciudad" que se acordó por consenso. El portavoz de IU, Francisco Tejada, insinuó por su parte que tras la modificación del PGOU pueda haber intereses para la recalificación de parcelas que se ubican en el entorno, una idea que compartió Aumente.

El presidente de la GMU aclaró que "de recalificaciones nada" y defendió la propuesta de reordenación porque "se trata de un tema que está anquilosado" ya que "hay familias que estaban afectadas por las expropiaciones y "en 20 años no saben qué va a pasar" con sus casas o negocios. Martín volvió a insistir en que el Ayuntamiento "no puede hacer frente" al gasto que supondría los derribos de los edificios que quedan en pie, cuyo coste ascendería a unos dos millones de euros, según explicó ayer durante su intervención. Aumente, sin embargo, defendió que las expropiaciones son necesarias para el desarrollo urbanístico de la ciudad.

El inicio de los estudios previos al cambio del PGOU ya se aprobó hace dos semanas en el consejo rector de la Gerencia. Los planes son actuar de manera conjunta en toda la zona, ya que en estos momentos está separada por dos fichas, una para la Calahorra y otra para Fray Albino. Así, no se realizará ninguna expropiación y la construcción del Museo de Bellas Artes -que estaba contemplado en la parcela resultante tras los derribos- se ubicaría ahora en el solar que en su momento se destinó al Palacio del Sur. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la decisión sobre la parcela para la construcción de este equipamiento cultural requiere de un acuerdo entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Estado. La administración autonómica, además, tiene derecho de veto por lo que puede rechazar cualquier proposición que venga del Consistorio, una idea muy probable teniendo en cuenta las tensas relaciones entre el gobierno regional y municipal.

Además de la modificación del PGOU, el Pleno también debatió sobre el plan del río y el uso de los edificios municipales vacíos. Así, tanto IU como PSOE propusieron que los colectivos puedan disponer del Rey Heredia hasta que se defina su futuro y pidieron al gobierno municipal que elabore un estudio sobre los edificios que están vacíos para poder cederlos a asociaciones. El gobierno municipal aceptó la propuesta de hacer un inventario sobre los edificios sin uno y también a poner en uso las instalaciones que se ejecutaron con inversiones de los Fondos Feil.