Llamamiento a la calma y al cumplimiento de la legalidad. Ese fue el mensaje que transmitió ayer el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, respecto a la ocupación del colegio Rey Heredia por el colectivo Acampada Dignidad. En un tono reposado y casi conciliador -muy alejado del tono y la contundencia que un día antes exhibió el edil de Presidencia, Miguel Ángel Torrico-, el regidor se mostró respetuoso con las reclamaciones de los ocupantes, hasta el punto que las consideró "legítimas, las comparta o no". Así, el también presidente provincial del PP apeló al "sentido común" para que no se tenga que recurrir al desalojo y a que se acuda a "unos canales razonables" para resolver el problema, aunque eso sí, previo cumplimiento de la ley. "Si nosotros no pedimos que se cumplan las leyes a algunos colectivos, si privilegiamos a algunos colectivos, cómo le vamos a aplicar las normas al resto", sentenció Nieto, para quien es "de lógica y comprensible" que desde una administración -el Ayuntamiento-, "se pida el respeto a la ley".

Respecto a la situación legal del edificio, el alcalde de Córdoba expuso que ha habido "muchas personas que han reclamado el uso de esa instalación hace tiempo" y que por ello le "sorprende" que IU, que no sabe "si actúa como portavoz del colectivo" -por lo que entiende que "hay formaciones que están en una esquizofrenia compleja"- diga que "es responsabilidad del gobierno, porque no se ha autorizado el uso del colegio a otros colectivos, sabiendo que hay un plan de reforma interior, promovido y aprobado por IU, en contra de los votos del PP, para que se derribe el colegio".

Así, detalló que "hay un problema urbanístico que crea IU, que supone que hay que derribarlo y hay que expropiar las viviendas que están en el entorno del colegio", y eso, para el alcalde, "es lo primero que hay que resolver", de modo que cuando se resuelva, "hay que ver qué se hace con el colegio y cómo establece la ley, abriendo y dialogando con los vecinos para poner en marcha un proyecto que beneficie a la comunidad y haga posible que ese espacio no esté cerrado". Nieto afirmó que ni quiere "cerrado" dicho espacio y sí pretende que "dé servicios y sea útil para el resto de los vecinos", de ahí que le reclame a IU que "no sea pirómano y bombero al mismo tiempo y abandone el cinismo y haga algo en positivo para la convivencia" en la ciudad.

Sobre la situación de este espacio habló también ayer en Córdoba el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, quien opinó que "no es aceptable que ningún edificio público permanezca cerrado y sin cumplir una función social", como es el caso de este edificio de propiedad municipal, "que pudiendo servir a los intereses de una sociedad", resulta que "no sirve, una vez que ha dejado de cumplir su uso educativo".

Tras el ultimátum lanzado por el gobierno municipal del PP a los ocupantes del colegio para que lo desalojen, Valderas dijo que "hay una responsabilidad en el Ayuntamiento" que "no se puede ejercer a las bravas". A juicio del vicepresidente andaluz, estas personas tienen "derecho a exigir un local para que el movimiento social organizado pueda desarrollar mejor sus funciones".

Mientras, el portavoz de la Campamento Dignidad, Rafael Juan, señaló que "nosotros seguimos con nuestra actividad en el centro, hoy [por ayer] con gente de Extremadura, sin que por el momento se haya producido ninguna intervención por parte de la Policía". El dirigente valoró que se pida respeto a la legalidad, "pero los que primero tienen que cumplirla son ellos [los políticos] porque cada día se incumple la Constitución en materia de derecho a un empleo o a una vivienda". También se mostró dispuesto "a dialogar con quien haga falta y con quien nos llame", aunque con la premisa de que el colegio Rey Heredia se destine al uso social que demandan los ocupantes. Asimismo, dudó de que el Ayuntamiento vaya a derribar el inmueble. La ocupación ha cumplido ya una semana y cada noche duermen en el inmueble unas 30 personas, aunque son más la que a diario participan en las actividades que se organizan.