Córdoba

El copago y el 'medicamentazo' sitúan a 40 farmacias en riesgo económico

  • Los establecimientos que registran más pérdidas se sitúan en zonas de exclusión social El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba insta a un acuerdo político en materia de sanidad

En torno a 40 establecimientos farmacéuticos de Córdoba están inmersos actualmente en una situación importante de pérdida económica, sobre todo, aquellas que se ubican en zonas menos pobladas o en lugares de exclusión social. Así lo reconoció ayer a el Día el tesorero del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño, quien afirmó que "todavía continúan a la espera" de un proyecto de la Junta de Andalucía mediante el que las autoridades se comprometían a subvencionar a las farmacias que estuvieran en esta situación de pérdida económica.

El tesorero del Colegio achacó esta situación a un cúmulo de circunstancias que han confluido durante el último año. Entre ellas, la instauración del copago farmacéutico por parte del Gobierno central en julio de 2012, que elevó el aporte de los activos y eliminó la financiación al 100% a los pensionistas; y el llamado medicamentazo, que dictó la desfinanciación de unos mil medicamentos por parte de la Junta de Andalucía y del Gobierno que preside Mariano Rajoy, realizado bajo el amparo de una resolución del Ministerio el pasado agosto.

Todo este compendio de medidas han repercutido, a juicio de Rafael Casaño, en "una auténtica revolución en el gasto farmacéutico durante el último año". Así las cosas, según los cálculos que estima el Colegio de Farmacéuticos, la caída media de facturación interanual en los productos farmacológicos se sitúa en torno al 11% y la de recetas asciende al 12%, ya que muchos medicamentos que antes eran financiados ahora se han quedado fuera de esta subvención pública. Este declive, según explicó el tesorero, se debe fundamentalmente al intenso descenso que experimentó la facturación en septiembre -concretamente un declive del 20%- un mes en el que confluyeron todas las medidas de ahorro emprendidas por parte de la Administración Pública.

Con respecto a si la entrada del copago ha afectado al consumo de los pacientes polimedicados, tal y como ha ocurrido en otras provincias como en Málaga -en la que según los cálculos de Aprofarma en torno al 2% de los usuarios han abandonado tratamiento durante el último año al no poder financiarlos- Casaño afirmó que, aunque "a la hora de comprar los medicamentos los pacientes hacen una selección más adecuada a sus posibilidades económicas", su percepción es que "el copago no está afectando a la salud de los pacientes que solicitan productos farmacológicos".

Casaño alabó en este sentido la "labor que están haciendo las farmacias de la comunidad autónoma andaluza" en su esfuerzo de " haber hecho más fácil" el proceso de venta y adquisición de fármacos por parte de los usuarios. Según el tesorero, mientras que en otras comunidades los pensionistas pagan todas sus medicinas y luego se les devuelve la parte que les corresponde de forma proporcional a sus pensiones, en Andalucía, cuando estas personas de tercera edad alcanzan su tope de pago -establecido según su renta- se les proporciona directamente el medicamento de forma gratuita sin la necesidad de hacer las operaciones de devolución posteriormente, con la consecuente agilización, que según el tesorero, redunda en el proceso sanitario de la comunidad autónoma.

Rafael Casaño afirmó que aunque las medidas de ahorro realizadas en el último año por parte del Gobierno central y de la Junta de Andalucía "suponen un ahorro económico a corto y medio plazo emitiendo resultados visibles al poco tiempo, la situación debería abarcarse a largo plazo". Además, el tesorero declaró que "se debería trabajar más en la formación de la población en sentido sanitario". Por este motivo, solicita a la administración pública una "estabilidad legislativa" en materia de sanidad, ya que "actualmente estamos asistiendo a un continuo vaivén de ideas que repercuten negativamente en la sanidad española.

El copago farmacéutico, que fue implantado en julio del pasado verano, contempló un abono extra a la hora de adquirir los medicamentos en función de la renta. Concretamente, los usuarios cuya renta oscila entre los 18.000 y los 100.000 euros, abonan el 50% del medicamento, y los que superen esta cifra, cargan con el 60% del coste.

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