El Ayuntamiento de Córdoba y el bufete de abogados de Mariano Aguayo se han apuntado un tanto al lograr que el Tribunal Supremo (TS) haya decidido finalmente admitir a trámite el recurso presentado por el Consistorio contra la decisión del Ministerio de Cultura de ratificar a San Sebastián como ciudad elegida para ser Capital Cultural Europea en el año 2016. De este modo, el Supremo declara que la justicia española es competente para abordar el tema y será la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la que finalmente resuelva si hubo o no irregularidades en el fallo, que se hizo público en el mes de junio de hace ahora dos años. La decisión del TS va acompañada de la desestimación del recurso que presentó el Ayuntamiento de San Sebastián al entender que la jurisdicción española carece de competencia en este asunto. El Consistorio guipuzcoano tendrá que hacer pues frente al pago de las costas derivadas, que ascienden a un máximo de 600 euros.

El despacho de Mariano Aguayo, que fue el que elaboró este recurso de forma altruista al entender que en el fallo del jurado existieron irregularidades que no se ajustaban a las bases, recibió la noticia con alegría aunque también con cautela, pues la decisión del Supremo supone tan sólo que el asunto se estudiará y nada más allá de ello. Aún con todo, el propio Mariano Aguayo reconoció que están "muy satisfechos porque el Supremo haya confirmado nuestra pretensión de que la Justicia tiene que entrar a analizar" la decisión del jurado. "Para nuestro despacho es importante, pues desde el principio entendimos que se tenía que entrar en este asunto", explicó Aguayo, que avanzó que en caso de que su bufete reciba dinero alguno por la condena de la costas al Ayuntamiento de San Sebastián, su decisión será donarlo "a alguna de las muchas entidades culturales que hay en la ciudad".

El despacho de Mariano Aguayo se ofreció de forma gratuita, apenas unos días después de que el jurado optase por San Sebastián, para defender los intereses de Córdoba y optó junto al Consistorio por presentar un recurso ante la Audiencia Nacional una vez que el Ministerio de Cultura cerró una opaca investigación de la que dedujo que en el asunto no había ocurrido nada anómalo. Se eligió la Audiencia porque se entendía que era competente al tratarse de una decisión ministerial, pero el órgano jurisdiccional decidió en enero del pasado año declararse no competente y el caso acabó en el Supremo.

El auto de Córdoba se fundamenta en tres puntos: en el carácter político que se le atribuye a la decisión según lo explicó el presidente del jurado al argumentar el fallo, en la relación laboral que mantenía uno de los miembros del jurado con la ciudad de San Sebastián y en diversos errores de procedimiento detectados por el despacho de Mariano Aguayo.