En una inesperda resolución, el Ministerio de Hacienda ha decidido castigar a las universidades públicas de las comunidades autónomas que han incumplido los objetivos del déficit: las ha dejado sin ayudas económicas para el proyecto de la digitalización de sus fondos bibliográficos. La decisión afecta en Andalucía a la Universidad de Córdoba (UCO) y a la de Granada. "Se nos ha aplicado la ley orgánica de estabilidad presupuestaria. Es algo que no entendemos, porque en el fondo lo que se está penalizando es el patrimonio cultural español", se quejó ayer el vicerrector de Tecnología y Comunicaciones de la UCO, Juan Antonio Caballero.

El responsable universitario recordó que el presupuesto de la UCO "no lo aprueba la comunidad autónoma", por lo que vincular la subvención al déficit regional "no se sostiene jurídicamente". Era la tercera vez que la institución cordobesa solicitaba las subvenciones que concede la Secretaría de Estado de Cultura. En esta ocasión, la UCO iba a percibir 3.000 euros, menos de lo que inicialmente había pedido. "Nos molestó que en octubre, a última hora, se nos requirió para que rebajáramos la cantidad para adaptarnos al presupuesto disponible", dijo el vicerrector responsable del proyecto de digitalización de los fondos antiguos de la UCO que, no obstante, seguirá adelante gracias a la labor del personal de las bibliotecas. "No vamos a paralizar esta iniciativa", advirtió Caballero, quien destacó que la UCO posee una "hemeroteca muy importante" que, si no se interrumpe el proyecto, podrá ser consultada por los usuarios a través de internet.

El responsable de Tecnología y Comunicaciones de la UCO recordó que la digitalización se incluye en Europeana, una biblioteca virtual de ámbito continental y acceso libre, inaugurada el 20 de noviembre de 2008, que reúne contribuciones ya digitalizadas de reconocidas instituciones culturales de los 27 países miembros de la Unión Europea. La UCO aún no ha recibido comunicación oficial de la Secretaría de Estado de Cultura sobre la denegación de la subvención, que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Como un jarro de agua fría" también ha sentado la noticia a la Biblioteca de la Universidad de Granada (UGR), que había logrado estas ayudas en los últimos años, tal y como señaló la directora del servicio, María José Ariza. "Máxime, porque habíamos recibido una notificación del Gobierno para avisarnos de que nos proponían para una ayuda superior a los 80.000 euros", contó Ariza. Además de las universidades cordobesa y granadina, también se han quedado sin las ayudas para las que habían sido seleccionadas las bibliotecas de las siguientes universidades: Autónoma de Barcelona, Cantabria, Extremadura, Jaime I, Gerona, La Laguna, Lérida, Oviedo, Politécnica de Cataluña, Murcia, Salamanca, Santiago, Valencia y Zaragoza.

"Nosotros ni siquiera recibimos ninguna notificación. Nos enteramos porque apareció publicado en el BOE, pero no venía ninguna explicación. Cuando la solicitamos, justificaron su decisión en la ley de estabilidad presupuestaria por la que las comunidades autónomas con déficit no podían acceder a ayudas", explicó Ariza en coincidencia con el vicerrector cordobés. "No entro ni a hacer una valoración, porque la noticia ya habla por sí misma", sentenció la directora de la Biblioteca de la UGR.

También se mostró muy categórico a la hora de hacer una valoración de lo ocurrido fue Vicent Climent, rector de la Universidad Jaime I de Castellón y presidente de la comisión sectorial de bibliotecas. Climent, en declaraciones hechas al periódico La Vanguardia, recordó que las universidades públicas llevan años presentando proyectos -en la convocatoria de 2012, que contaba con una dotación de casi 1,6 millones de euros, lo hicieron 20- para participar en el programa de la gran biblioteca digital comunitaria Europeana. "Hay mucho malestar entre los rectores afectados -afirmó Climent-. No entendemos lo que ha ocurrido. Es cierto que gran parte de nuestra financiación procede de las comunidades autónomas, pero nuestros presupuestos no los aprueba el parlamento autonómico".