El Servicio Andaluz de Salud (SAS) gestiona cada mes 12.000 servicios de transporte sanitario no urgente. Sus usuarios -la mayoría pacientes con procesos largos de tratamiento- tendrán que hacer frente próximamente a un "copago simbólico" por dicho servicio que irá desde los 6 hasta los 60 euros anuales dependiendo de su renta, tal y como anunció el pasado jueves la Ministra de Sanidad, Ana Mato.

Esta medida ha sentado como un jarro de agua fría a los afectados por alguna de las enfermedades que obligan a acudir a alguno de los centros hospitalarios con los que cuenta la provincia para recibir un tratamiento adecuado, como es el caso de personas con insuficiencia renal o enfermos decáncer. Por ejemplo, según informaron ayer fuentes de la Delegación de Salud, sólo en Córdoba, 476 ciudadanos acuden a hemodiálisis tres veces en semana y otros 485 necesitan rehabilitación por haber sufrido un ictus.

El pasado jueves el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobó que los pacientes de tratamientos periódicos (con una frecuencia de, al menos, cuatro traslados semanales o dos servicios de ida y vuelta) de más de seis meses tendrán que pagar de 6, 12 ó 60 euros anuales si tienen una renta inferior a 18.000 euros anuales, entre 18.000 y 100.000 euros y más de 100.000 euros, respectivamente. Esta cantidades experimentaron así una bajada a lo establecido inicialmente debido a las peticiones de comunidades autónomas como Andalucía y a propuestas como la de la Asociación Española de Enfermos Renales (Alcer). Fuentes de la Delegación de Salud, no obstante, insistieron en que durante la tramitación de esta orden los pacientes en hemodiálisis y los oncológicos quedaban excluidos del pago, "pero el Ministerio de Sanidad ha dado marcha atrás y ha faltado a su compromiso de que quedarán fuera del copago introduciéndoles dentro de la aportación". De este modo, no dudaron en señalar que el Gobierno de Mariano Rajoy "penaliza a las personas que ya tienen de por sí el problema de enfrentarse a una enfermedad y a nuevas aportaciones en economías cada vez más resentidas". La Junta además insistió en que el copago por el transporte no urgente "no supone un ahorro" sino "todo lo contrario", puesto que, a su juicio, "requiere de una maquinaria administrativa que habría que montar y que costaría mucho más".

El sentimiento de rechazo hacia esta medida es aún más fuerte en los colectivos que defienden y ayudan a mejorar la calidad de vida de muchos de los usuarios de dicho servicio, como es el caso de la Asociación Española contra el Cáncer. Su presidenta en Córdoba, María Luisa Cobos, insistió en que el copago supone "dar un paso hacia atrás en el sistema sanitario", al tiempo que mostró su preocupación por aquellos enfermos de cáncer que se encuentran en tratamiento de quimioterapia o radioterapia y que "su economía no les permite hacer frente a más gastos". "De esta forma se les está quitando vida a personas que están enfermas", recalcó Cobos.

El presidente de la Asociación Española de Enfermos Renales en Córdoba, José María Reif, por su parte, señaló que el nuevo copago del transporte no urgente afecta de lleno a las personas con enfermedades de riñón crónicas. "Tener esta enfermedad cuesta pagar además de la ambulancia, los medicamentos, complementos nutricionales, sillas de ruedas o muletas", aclaró a través de un comunicado. Es por ello que desde la asociación no dudaron en señalar que "se está poniendo en grave riesgo la salud de los enfermos renales crónicos" para los que el transporte sanitario "es una cuestión vital". "No queremos que en España la obligación de pagar pueda tener consecuencias trágicas para los más desfavorecidos", insistieron.

Como alternativas, Reif insistió en que produciría un ahorro mayor que el copago de las ambulancias más información en los hospitales sobre la diálisis en casa y la donación de vivo. "Con aumentar el 1% los pacientes que se dializan en casa y un 1% los transplantes de vivo se igualaría lo que se va a recaudar con el copago de transporte, pero ese 2% de pacientes tendría mucha mejor calidad de vida", puntualizó.

Otro de los sectores más preocupados por la medida adoptada por el Gobierno de Rajoy es el de las empresas que prestan el servicio de transporte a los pacientes que necesitan trasladarse desde su vivienda hasta el hospital. El secretario de Organización de la Federación de Transporte de UGT, Juan Martínez, tildó la medida como "una barbaridad social", puesto que, tal y como explicó, "los pacientes optarán por otros medios alternativos como el autobús o coches de familiares que no están adaptados para sus necesidades sanitarias". Esta bajada de usuarios y de demanda a su vez, tal y como señaló, supondrá un recorte del número de personas que trabajan en el sector de las ambulancias en la provincia.

El sector del taxi también comparte este mismo sentimiento. El secretario de la Asociación Provincial de Autoturismos, José María Romero, alertó que las medidas de recortes pueden provocar "la desaparición de aproximadamente 500 trabajadores autónomos en la provincia". El pasado martes una treintena de profesionales ya mostraron su rechazo ante las puertas del Hospital Reina Sofía tras la que consiguieron mantener un encuentro con el propio gerente del hospital, José Manuel Aranda, y con el director económico-administrativo del centro hospitalario, Horacio Pijuán. "Nos reconocieron que se han cometido exceso por parte de los propios médicos a la hora de conceder este servicio, pero hay que tener muy claro que en casos de quimioterapia es imprescindible que los enfermos cuenten con el desplazamiento gratuito", señaló Romero. Desde el pasado mes de octubre la bajada de los servicios ha experimentado un 40% y prevén que la cifra aumente con la llegada de la medida.