Los centros de formación de Córdoba han dejado de impartir los cursos ofertados por la Consejería de Empleo para los parados de la provincia ante los impagos que la Junta acumula con estas empresas. La deuda con los centros privados de formación asciende a más 40 millones de euros en toda Andalucía, y más de 7 millones en Córdoba. Ante esta situación, las academias han decidido no impartir las clases pese a que el Servicio Andaluz de Empleo sigue ofertando cursos en la página web porque "no sabemos si vamos a cobrar", según apuntó el presidente de la Asociación de Empresas de Formación de Córdoba (Acepcor), José Luis Boyero. En estos momentos, apuntó Boyero, apenas se están impartiendo el 10% del total de seminarios que oferta la administración y los siguen publicitando "aunque sin fecha de inicio". En esta recta final del año, además, se han incorporado nuevos cursos que tienen que hacerse públicos antes de 2013 porque así se había comprometido la Junta, pero aún no se sabe si van a poder ser impartidos en los centros.

Los pagos pendientes pertenecen en algunos casos a expedientes de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, que aún no han sido liquidados en su totalidad, así como prácticamente el 100 % de los nuevos programas formativos del año 2011 -previstos para impartirse en el año 2012- y de los cuales una parte de esos cursos han sido ya ejecutados y financiados por los Centros de Formación. El coste de las clases (nóminas y diferentes materiales) ha sido adelantado por ellos mismos y muchos centros no pueden ahora hacer frente al desembolso realizado. Boyero recordó que la formación se financia a través de los fondos que provienen desde el Servicio Público de Empleo Estatal y desde el Fondo Social Europeo para políticas activas de empleo "y dichas transferencias ya fueron realizadas en su día a la Junta de Andalucía".

Esta situación de retraso en los pagos pone en peligro tanto la supervivencia de más de 300 empresas cordobesas como la continuidad de 2.000 puestos de trabajo de sus plantillas. "Cada vez son más los centros que se han visto abocados ya al despido de buena parte de sus trabajadores, al cese de la actividad o han tenido que cerrar", lamentó el presidente de Acepcor.

Las empresas de formación han trabajado en los últimos años como entidades colaboradoras de la Junta de Andalucía, por lo que el colectivo denunció que ellos sufren "un trato discriminatorio" con respecto a otros servicios financiados por la administración. Boyero insistió también en "el daño que se está realizando tanto a los desempleados como a los trabajadores en activo en Andalucía, que al quedarse sin formación son los otros grandes perjudicados". Todo esto teniendo en cuenta la alta tasa de paro en la provincia y que la formación es uno de los objetivos en lo que se incide desde la administración para poder reinsertarse en el mercado laboral. Boyero dijo que "es de vital importancia" que el Gobierno Andaluz tome medidas respecto a este asunto.