LO ha contado el compañero Alberto Almansa, un profesional rocoso que labora en la RTVA, en un reportaje brutal que está teniendo un eco tremendo en las redes sociales. Es la historia de María Benítez y los seis miembros de sus familia, dos de los cuales son personas mayores que precisan de atención especializada. Cuenta el reportaje -lo pueden ver ustedes en la plataforma Youtube- que esa familia adquirió una vivienda en Montoro y realizó una segunda hipoteca o una ampliación de la misma para el arrendamiento de un olivar, negocio que salió mal. El resto es conocido. La crisis, el desempleo de larga duración, la falta de salida en la fuente de actividad económica de la construcción, la dependencia absoluta de las ayudas cuando no de la solidaridad directa y el desahucio, que estaba previsto para el día 27. María y su marido no pueden abonar las cuotas de las hipotecas que Bankia le concedió para adquirir la casa, que es un modesto hogar y no un palacio.

Todo lo que ha ocurrido en las redes -los bancos pueden ser insensibles al sufrimiento pero tienen un ojo en la opinión pública- ha dado un cierto margen de respiro. La organización Stop Desahucios, prima del 15-M, ha dado su apoyo a ésta como a otras familias mediante acciones directas y ruidosas a las puertas de los bancos. Tras reunirse, los afectados de este caso concreto y la corporación tienen un mes para llegar a un acuerdo.

Reconozco el tapón en la garganta tras haber visto por primera vez el reportaje de Alberto, realizado deliberadamente desde los sentimientos descarnados, las palabras y los silencios. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, 600 familias cordobesas sufrieron en 2011 el desalojo forzoso de las viviendas adquiridas y, en parte, pagadas, con un incremento del 38%. Técnicamente, el desahucio es el paso previo a la subasta judicial de la vivienda, que suele quedarse el propio banco a mitad de precio. En este caso concreto, existe una variable que no es menor. La entidad Bankia, como todo el mundo sabe, va a ser rescatada con recursos públicos, que tendrá que devolver y que oscilan entre los 7.000 y los 23.000 millones de euros, según la fuente, como consecuencia de una política de crédito particularmente agresiva durante los años de la burbuja inmobiliaria. Muchas entidades financieras generalizaron el crédito a familias o empresas que, con el tiempo, han quedado atrapadas en la crisis.

Más que curiosamente, quienes saben de economía afirman que la mora de las familias es sideralmente más pequeña que la del crédito promotor. Si las empresas que hacen pisos llegaron a fallar en un 20%, el pico más alto de mora hipotecaria de las familias tocó techo en un 3% en 2009 y, desde entonces, se ha reducido (¡!). Es conocido que la banca aceptó la dación en pago, u operaciones de compra ficitia, para bloques enteros a medio construir pero no para sus clientes minoristas, a pesar de que no hay que inventar nada: la entrega de la casa a cambio de la deuda se encuentra regulada como opción a tener en cuenta en la vigente Ley Hipotecaria. Existe un fuerte movimiento para que se aprueba una norma que la convierta en derecho, tal y como ocurre en otros países. Los que tienen memoria del inicio de la crisis recuerdan aquellas operaciones en las que promotores quebrados salían en paz con Dios del banco entregando escrituras de solares, centros comerciales completos, urbanizaciones. El cash, a buen recaudo, como se imaginarán. En fin.

El caso de la familia de Montoro es paradigmático. En un momento dado del reportaje, la familia afectada asegura que ha intentado negociar el alquiler de la vivienda con el banco que detecta el crédito sin éxito. Se ve que Bankia acepta muchos activos más en su balance como los que ya tiene.

El Gobierno aprobó recientemente una serie de medidas con las que se invita a la banca a atenuar el problema de los desahucios. A los bancos se les anima, como ustedes bien saben, no se les obliga. La panoplia de medidas es larga: las familias con todos sus miembros en paro pueden saldar toda la deuda con la entrega de la casa y se proponen medidas incentivadas con deducciones fiscales. Entre otras, se proponen periodos de carencia, limitación de los intereses de mora o compartir el riesgo con el cliente. Instrumentos, por lo tanto, existen. Basta con aplicarlos, sobre todo, en los casos -que no constituyen la totalidad- donde la crisis se está cebando de forma especial y donde existe una parte de responsabilidad inequívoca de quien prestó el dinero sobre tasaciones supuestamente aceptadas y el conocimiento expreso de la situación personal del cliente. De todas las María Benítez.

Hasta el momento, que se sepa, el sector financiero se ha tomado dicha actuación de Economía cual consejillo de colega. Vale, vale y tal. Y no saben el daño que eso está haciendo, particularmente a su propia credibilidad. Sumado al problema social que hoy constituyen las participaciones preferentes (y esas hipotecas suelo), cuya comercialización indiscriminada fue disparatada al hilo de los altos intereses que se pagaban, al sector financiero y al regulador le toca mover ficha ya. Cajasur, por ejemplo, ha realizado un movimiento creativo convirtiendo las acciones perpetuas sin derechos políticos en depósitos a tres años con éxito. Que cunda.