Alrededor de 7.000 cordobeses figuran en la lista de afectados por la contratación de las participaciones preferentes, un producto que, en opinión de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), ha servido para "capitalizar" a las entidades financieras "a costa" del bolsillo de los ciudadanos. Según los datos aportados por el colectivo, cada uno de estos inversores destinó una media de 50.000 euros en las citadas participaciones preferentes, una suma de dinero que se ha devaluado de manera muy notable como consecuencia de la actual situación económica. La coordinadora de Adicae en Andalucía, Carmen Domínguez, denunció ayer que las personas que suscribieron estos productos "se encuentran atrapadas con la única solución de vender lo que compraron a un precio muy inferior al que tenían el día que se cometió el abuso".

Los datos aportados por Adicae apuntan a que los afectados por las participaciones preferentes sufrirán pérdidas del 40%. Esta estimación arroja que una persona que haya invertido una media de 50.000 euros tan sólo percibirá 30.000 si consigue venderlos en el mercado secundario. "La oferta es muy superior a la demanda y eso hace que el precio caiga mucho", declaro la representante de este colectivo, quien detalló que la mayoría de los ciudadanos que contrataron estos productos entre 1999 y 2011 "son personas de cierta edad, en muchos casos de más de 65 años, que puede decirse que no sabían lo que estaban firmando". También detalló que en Andalucía hay un total de alrededor de 67.000 personas en esta situación y que el dinero que se ha invertido en España asciende a unos 30.000 millones de euros.

El producto de las participaciones preferentes no fue, sin embargo, el único asunto del que se ocuparon los responsables de este colectivo en el encuentro celebrado ayer. Adicae analizó también el reciente rescate a la banca española por parte de la Unión Europea (UE). Consideró "intolerable que se sacrifique las economías de los consumidores y no se exijan responsabilidades a todo el sistema financiero corrupto". A juicio de Adicae, "el rescate supone un nuevo fraude bancario masivo a los derechos de los consumidores a los que se sigue dejando en el corralito de las preferentes y pequeños accionistas".

Domínguez concluyó que los consumidores serán los "grandes perjudicados" del rescate y se refirió a los cambios que irán introduciendo las entidades financieras, como el pago por servicios que hasta ahora son gratuitos y las condiciones de préstamos y otro tipo de productos. Para tratar de defender los intereses de los ciudadanos, Adicae tiene previsto crear un observatorio dirigido a "vigilar" los movimientos que realizan los bancos y cajas españolas, "ya que tememos que cambiarán muchas cosas".