Una médica que en marzo de 2008 estaba destinada en la unidad de Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía se sentará próximamente en el banquillo acusada de un delito de lesiones por imprudencia profesional por el que la familia de la fallecida solicita una condena de tres años de prisión. La Fiscalía Provincial de Córdoba, en cambio, considera que la facultativa "no incurrió en negligencia punible" alguna y solicita una sentencia absolutoria para la doctora.

Los hechos se remontan al mes de marzo de 2008. Según recoge la acusación particular en el relato de los hechos que ya obra en el Juzgado de lo Penal número 2, la paciente acudió al centro hospitalario el 3 de marzo. Ingresó a las 09:48 con "vómitos de aspecto oscuro de 24 horas de evolución" y "diarrea líquida de 12 días de evolución". La mujer fue dada de alta a las 14:05 después de que la facultativa suspendiera el tratamiento que seguía y la derivara a su domicilio diagnosticada de "gastroenteritis".

Sin encontrar mejoría, la paciente regresó al día siguiente con los siguientes síntomas: dolor abdominal difuso, vómitos oscuros, abundante diarrea y sensación febril. El equipo médico optó en esta ocasión por dejarla ingresada en observación. Lejos de experimentar una recuperación, la acusación particular expone que la paciente empeoró, hasta el punto de que el día 6, debido a que persistía el dolor abdominal y aumentaba el "deterioro clínico", fue intervenida quirúrgicamente de urgencias por una peritonitis. La paciente falleció a las 09:00 del 12 de marzo, menos de diez días después de que acudiera a las urgencias y fuera diagnosticada de gastroenteritis.

La familia de la fallecida expone en el procedimiento que el médico forense emitió un informe en el que dijo "no compartir" la actuación terapéutica seguida por la imputada. Y según la acusación particular, el forense coincidió con un informe médico realizado a instancia de parte en achacar a la doctora un presunto delito de imprudencia y negligencia médica. La acusación recuerda en su informe que la opinión del forense es "imparcial a efectos de prueba". Aparte de los tres años de prisión, la familia denunciante propone que, en caso de ser condenada, el juez inhabilite a la doctora durante cuatro años. También solicita al Servicio Andaluz de Salud una indemnización que supera los 270.000 euros.