Las Fiscalía Provincial de Córdoba solicita 48 años de inhabilitación para la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, Dominga Durán Cano, del Partido Andalucista (PA), a la que acusa de seis delitos de prevaricación urbanística. Según relata el Ministerio Público en su informe provisional de acusación, la exedil, en su calidad de vicepresidenta de la Gerencia de Urbanismo, procedió supuestamente a la concesión "de diversas autorizaciones y licencias en contra de los informes técnicos preceptivos desfavorables, así como de la legalidad y del planeamiento urbanístico". Los hechos por los que la procesada se sentará el próximo miércoles en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 1 se produjeron entre los años 2002 y 2007.

El primero de los expedientes recogidos por el fiscal en su informe, se refiere a la construcción de una nave comercial en suelo no urbanizable. La acusada, en contra del informe de los técnicos, "procedió a la concesión de licencia contraria, contraria a la legislación y planeamiento urbanístico vigentes". Otro de los expedientes en los que la Fiscalía aprecia indicios de una presunta actitud prevaricadora se refiere a la legalización de actividad de una fábrica que emitía vertidos. Los técnicos informaron desfavorablemente por contravenir la legislación medioambiental, "no obstante lo cual la acusada concedió la licencia".

Los otros cinco expedientes a los que la exedil dio el visto bueno fueron aprobados entre los años 2006 y 2007, y en todos ellos la imputada concedió la licencia de primera ocupación, de nuevo, pese a los informes técnicos desfavorables "por contravención de la normativa urbanística aplicable".

La Fiscalía solicita ocho años de inhabilitación para la exconcejala por cada uno de los seis delitos de prevaricación urbanística, y otros ocho años más por el de prevaricación medioambiental. También solicita multas que superan los 19.000 euros. La investigación fue iniciada por el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Priego, en virtud de la denuncia formulada ante la Fiscalía Provincial de Córdoba por la propia Gerencia de Urbanismo de la localidad. En aquella primera denuncia, ya se hacía constar que la exconcejala, cuyo puesto era de carácter ejecutivo, mientras que la presidencia la ostentaba el entonces alcalde Juan Carlos Pérez, procedió en diversos expedientes a la concesión de autorizaciones y licencias "en contra de los informes técnicos preceptivos".