La Fiscalía recurrirá ante la Audiencia Provincial la decisión del juez de instrucción de negar la práctica de nuevas pruebas sobre el denominado caso Torreblanca, en el que hay imputados cuatro policías locales por presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documentos y falsedad en documento oficial. El fiscal jefe, José Antonio Martín-Caro, confirmó ayer que la fiscal encargada del caso solicitará ante el máximo órgano judicial de la provincia la práctica de las diligencias, que fueron denegadas por la jueza instructora al considerar que "ha transcurrido en exceso" el plazo legal para solicitarlas, según su último auto.

El Ministerio Público solicitó el pasado septiembre una nueva prueba consistente en un informe técnico sobre los registros del Servicio de Disciplina Urbanística que supuestamente modificaron los policías implicados tras hacerse público que dos de ellos habían construido una vivienda sin licencia en la parcelación de Torreblanca. La Fiscalía, en concreto, pidió a la magistrada que se realizar un informe sobre este registro, al que los agentes accedieron al parecer para modificar documentos. Con esta prueba, la intención es determinar si se puede concretar cuántos expedientes se modificaron y quién llevó a cabo esa manipulación, pues con las diligencias que se han practicado hasta ahora no se puede concretar este punto, informaron fuentes próximas al caso.

En el nuevo auto, notificado hace dos semanas, la magistrada recordaba que al Ministerio Público le incumbe "la salvaguarda de la independencia de los tribunales y la satisfacción del interés social", pero argumenta que estos cometidos "no constituyen un privilegio y, desde luego, no le autorizan a quedar al margen de las pautas que han de marcar el desarrollo del proceso". La resolución se refiere, en concreto, a "los plazos" señalados en la ley.

En octubre de 2010 la jueza dictó un auto por el que convertía las diligencias previas del proceso en procedimiento abreviado, lo que significaba que existían indicios de criminalidad. Semanas más tarde, el fiscal demandó interrogar de nuevo a dos de los imputados acerca de delitos sobre los que no habían testificado. El juzgado admitió a trámite dicha petición, pero las defensas recurrieron a la Audiencia, que recordó que se había agotado el plazo legal de tres días para solicitarlas. Y el pasado septiembre, el fiscal intentó solicitar más pruebas antes de hacer su calificación.

La Fiscalía Provincial de Córdoba conoció el auto de procedimiento abreviado el 15 de diciembre de 2010 y presentó el recurso de diligencias complementarias en febrero de 2011; es decir, más de dos meses después de la citada notificación y cuatro meses después de que se dictara el auto, según resumió Instrucción 7. Con base a estas fechas, la magistrada entiende que el plazo legal establecido -de diez días- "ha transcurrido en exceso".