La Sección de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Fiscalía Provincial de Córdoba mantendrá la presión sobre los parcelistas ilegales pese a la reciente aprobación del nuevo decreto de la Junta de Andalucía que permitirá a viviendas levantadas sin licencia el acceso a servicios básicos. El fiscal jefe, José Antonio Martín-Caro, insistió en que las zonas de especial protección "siguen siéndolo" pese a las consecuencias en determinados núcleos del decreto, que "no puede afectar a bienes de interés cultural" (BIC), como es el caso de Medina Azahara.

Los fiscales de Córdoba han sido muy beligerantes en los últimos años contra las nuevas construcciones levantadas sin licencia en zonas de especial interés, como el yacimiento de la ciudad palatina, donde incluso ha conseguido que se produzcan varios derribos de casas levantadas sin permiso. El Ministerio Público también ha conseguido que se ordenen demoliciones en la Sierra y en varias parcelaciones de la Vega del Guadalquivir. Y ello aunque "en el 90% de las infracciones urbanísticas el fiscal no entra siquiera", explicó Martín-Caro. "Sólo intervenimos en un ámbito muy pequeño, cuando las infracciones son muy graves", subrayó el fiscal jefe. Son, precisamente, estos casos sin trascendencia penal en los que tendrá influencia la decisión autonómica.

Martín-Caro explicó que el decreto de la Junta "no puede modificar el decreto de ordenación del suelo ni ninguna norma de rango legal", por lo que las infracciones más graves, aquellas que persigue la Fiscalía, permanecerán. Las causas abiertas, por tanto, se mantendrán, y las sentencias dictadas no tendrán que ser revisadas.

"Lo que ahora se está discutiendo es qué hacer con aquellas urbanizaciones ilegales que estaban más consentidas, toleradas", explicó Martín-Caro, quien consideró que "el auténtico problema de fondo es quién pagaba la canalización, los servicios". Y la Fiscalía "nunca se ha metido en esos terrenos", distinguió. La regla general del decreto de la Junta es que no pueden acceder a servicios viviendas ubicadas en cualquier clase de suelo problemático. Se establecen, sin embargo, la excepción de que podrán acceder a servicios básicos aquellas edificaciones que no puedan ser derribadas por haberse superado el plazo de cuatro años que tiene la Administración para demoler un inmueble.

Un estudio de la Universidad de Córdoba apunta que sólo en la Sierra se han edificado desde los años 70 unas 1.400 viviendas, el 60% agrupadas en 11 núcleos irregulares y la mitad de ellas en zonas de alto riesgo de incendios. La zona sin licencia más urbanizada es Las Siete Fincas, una parcelación que ya tiene el compromiso municipal de facilitar servicios básicos. El decreto establece que las viviendas que opten por acogerse al nuevo régimen de tolerancia podrán conectarse a las redes de agua, alcantarillado y energía eléctrica de forma excepcional por medio de una resolución municipal motivada. Las compañías suministradoras tendrán que emitir un informe sobre la viabilidad de realizar obras sencillas de conexión puesto que la clave es que no sea preciso realizar costosas iniciativas de conexión. La regla es difícil de cumplir en aquellas zonas que se encuentran en lugares poco accesibles de la Sierra, aunque beneficia a las que se encuentran cerca de núcleos legales como Trassierra o Las Jaras.

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha sentado a innumerables parcelistas en el banquillo en los últimos años. El foco se centró primero en las inmediaciones de Medina Azahara, y luego se abrió al resto del término municipal y a otros municipios.

El lunes 23 de enero se celebrará el juicio más inminente por un presunto delito contra la ordenación del territorio, en esta ocasión en la zona conocida como el Aljarafe, en Córdoba capital. El Ministerio Público solicita dos años de cárcel y una multa de 60.000 euros. Según el informe provisional de acusación, el imputado -M. J. O.-, sin solicitar licencia o autorización alguna, llevó supuestamente a cabo en 2008 la construcción de una casa de 90 metros cuadrados. El fiscal considera que las obras no son autorizaciones. El 23 de junio de 2010, la Gerencia de Urbanismo ordenó la suspensión de las obras.