Los representantes legales de los funcionarios asociados en las entidades Al Ándalus, Defiendo mi derecho y la gestión pública y Colectivo de Empleados de la Junta de Andalucía empezarán a reclamar la ejecución de los seis pronunciamientos cautelares y la primera sentencia que anula el proceso de reforma de la Junta de Andalucía mediante la creación de grandes agencias públicas que asumen personal funcionario de carrera y laborales o contratados. Hasta el momento, explica el portavoz de las entidades que han presentado los recursos, José María Herrera, la Junta "se ha saltado a la torera" los mandamientos de paralización expresados por los tribunales de forma que sus abogados reclamarán una orden expresa al Gobierno andaluz para que cese en su actual gestión.

Actualmente, seguirle el hilo a todos los recursos contra el sector público es un verdadero lío. Sólo en Córdoba se han interpuesto 15 iniciativas judiciales. La particularidad de esta iniciativa, que lleva el bufefe de Mariano Aguayo Abogados, es que además de impugnar cada uno de los decretos por los que se crean agencias públicas, se ha iniciado una vía paralela de protección de los derechos fundamentales, propiciando un doble examen judicial de la reforma de la Administración autonómica. Cualquier ciudadano puede reclamar a los tribunales en cualquier momento cuando crea que se están conculcando determinados derechos que aparecen en la Carta Magna. Los colectivos de funcionarios están teniendo éxito por ese matiz: lo que reclaman es que la aplicación de los protocolos de integración lesiona sus derechos que no sólo deben inspirar las leyes sino que son exigibles directamente ante un tribunal de justicia.

Resumiendo, en estos momentos, desde Córdoba, se han interpuesto ocho recursos ordinarios contra otras tantas agencias públicas de la Junta. Además, se ha iniciado la vía de protección de derechos fundamentales contra siete de estas ocho agencias (la octava, localizada en la Costa del Sol, no implica la integración de plantillas, por lo que no se lesionaría precepto constitucional alguno). Lo explica de forma gráfica Herrera. Todo lo que se pretendía parar, debe pararse. "Es un pleno al quince", asegura el portavoz de los funcionarios.

De esas iniciativas judiciales, se ha producido una primera sentencia que anula el protoloco de integración del personal de distintos departamentos en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. El fallo del TSJA estima que se están vulnerando los artículos 14 (igualdad ante la ley) y 23.2 (igualdad en el acceso a empleos públicos). La Junta ya ha recurrido dicha sentencia en casación; esto es, ante el Tribunal Supremo. El fallo está escrito de una manera diáfana en el sentido de que integrar personal funcionario y laboral bajo un mismo paraguas institucional tendría efectos nocivos para el grupo de empleados con oposición en materia de ascensos, traslados o promociones. "Es un desprecio al Estado de Derecho", explica el TSJA.

Además de esta iniciativa, los tribunales han estimado que se deben paralizar los procesos de integración del Servicio Andaluz de Empleo, la Agencia de Obra Pública, la Amaya (Agencia de Medio Ambiente y Agua), la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia y la Agapa (Agencia de Gestión Agraria y Pesquera). En este caso, se trata de autos -no sentencias- que estiman que, ante la posibilidad de que se esté vulnerando la legislación, establecen la paralización de los procesos de integración del personal en las nuevas agencias a la espera de una sentencia que no tiene que por qué ser favorable a los intereses de los recurrentes. La novedad es que los abogados de los funcionarios recurrentes instarán a la Administración a que vayan cumpliendo tanto el único fallo disponible como los autos cautelares. Los funcionarios han empezado a reunir el dinero, mediante pequeñas aportaciones, para abonar los gastos de defensa.