El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, defendió ayer la medida que se está estudiando de realizar análisis de ADN a las cacas de perro para multar a los propietarios de los animales que no las recogen como una medida de urbanidad, necesaria para que un hecho positivo -tener un animal de compañía- no revierta en la sociedad por la mala costumbre de no cumplir con una higiénica tarea. Nieto realizó estas declaraciones en el programa de radio Mañanas en COPE Córdoba.

El regidor comparó esta medida con los radares de las carreteras que multan a las personas que conducen por encima de la velocidad permitida. Aseguró que, en ocasiones, "apelar al civismo de la gente no es suficiente". El proyecto, aseguró, ya se está realizando en ciudades como Bilbao, un municipio que castiga estos hechos con sanciones de hasta 1.500 euros. Nieto afirmó que la iniciativa es "un poco cara" aunque garantizó que "esa carestía" solamente revertirá en el infractor, "a quien actúe de manera incívica", y no en el resto de los propietarios de animales. "Hay que atajar este problema porque es una cuestión seria", dijo, por medio de un proceso que "no es complejo".

En contra de lo publicado en este periódico, Nieto aseguró que la información de los microchips que llevan instalados los perros bajo la piel "establece unos parámetros para que, con cualquier resto de ADN, se pueda indentificar al perro". Tres consultas profesionales que implantan este dispositivo y el Consejo Andaluz de Veterinarios, responsable del registro donde se deposita la información, aseguraron ayer que los datos que se recaban son los del propietario del animal, su domicilio, la especie de la que se trata o qué tipo de pelo tiene, elementos todos ellos "externos". En Andalucía, no existe más base de datos oficial que esa, que se completa con registros municipales, de carácter subsidiario.

El fichero (de nombre Registro Andaluz de Identificación Animal) asigna una combinación aleatoria de números que funcionan como el DNI de cada animal que se lleva a censar. Los tres primeros números de los 15 dígitos de identificación corresponden al país donde se adquirió la tecnología. La regulación de estos elementos se estableció por una orden de la Junta del año 2006 por la que se desarrolla el decreto 92/2005.

El alcalde reconoció que existe un problema y es el valor probatorio de las sanciones sobre esta cuestión. "Salvo que un policía vea a un dueño en un lugar y a una hora determinada, no podemos probar los hechos y eso es lo que vamos a hacer por medio de este análisis de ADN", aseguró. El regidor popular estimó que esta iniciativa es bastante más barata que poner a los agentes municipales a vigilar las conductas incívicas.

La fórmula para ponerlos en marcha será llegar a un acuerdo con unos laboratorios especializados que serán los que realicen el análisis de las muestras de heces de perro que se recojan por la ciudad. "Dicho laboratorio correrá un riesgo y es que sólo cobrará en el caso concreto de que se encuentre al infractor", aseguró el primer edil.