La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita nueve meses de prisión para A. R. M., el propietario de la vaquería ilegal de Fuente Palmera cuya situación de insalubridad ha sido denunciada en multitud de ocasiones por un vecino, Francisco Adame. El Ministerio Público, en concreto, acusa a A. R. M. de un delito de desobediencia al entender que desoyó la orden del Ayuntamiento colono para cerrar las instalaciones en el verano del año 2009 después de las reiteradas denuncias de su vecino.

Según relata el Ministerio Público en su informe provisional de acusación, el 8 de julio del citado año el alcalde de Fuente Palmera acordó la "inmediata suspensión" del negocio en la explotación ganadera debido a que "carecía de la preceptiva licencia municipal de actividad". Por esta razón, el decreto municipal concedía al acusado un plazo de diez días para "cesar y trasladar" sus animales a otro emplazamiento que estuviera habilitado para la estabulación. La orden del primer edil recogía que, en el caso de desobedecer su instrucción, se le impondría una "multa coercitiva".

El fiscal relata que el Consistorio intentó notificar la orden el 8 de septiembre de 2009, pero el ganadero se negó a firmar. El 4 de septiembre, y después de comprobar el primer edil el "manifiesto desprecio" con el que actuó el imputado, acordó ordenar a las empresas que dotaban de electricidad a la vaquería que interrumpieran el suministro. A las 11:00 del 8 de octubre, trabajadores de la compañía llegaron a la instalación para ejecutar la medida, pero "no la pudieron llevar a cabo por la desafiante oposición del acusado", que utilizó supuestamente un "tono intimidatorio" con los operarios.

El 26 de noviembre de 2009, el Ayuntamiento intentó dar un nuevo paso adelante para conseguir la clausura de la explotación ganadera. Aquel día, el Consistorio resolvió imponer al propietario una sanción coercitiva de 600 euros por cada semana que continuara la actividad, y el 21 de diciembre agentes de la Policía Local y técnicos municipales acudieron a la instalación para intentar que el propietario cerrara definitivamente el negocio. Pero toparon, de nuevo, con la oposición de A. R. M., quien "impidió deliberadamente la actuación de los funcionarios y se negó a darles entrada a su propiedad". La vista oral se celebrará el lunes en el Juzgado de lo Penal número 3.

La lucha personal del vecino de la vaquería para que el negocio sea llevado fuera del casco urbano de Fuente Palmera se remonta a hace casi dos décadas. El pasado julio, Adame llegó a encerrarse en el Consistorio colono al entender que se había incumplido un convenio firmado entre el propio Ayuntamiento y el propietario de la explotación ganadera, que fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El convenio recogía que antes del pasado 30 de junio, y después de seis meses de plazo, el vaquero debía de haber trasladado la explotación. Si no se producía esta circunstancia, el Ayuntamiento tenía que proceder a su clausura, cumpliendo así la sentencia del TSJA.

El pasado septiembre, Adame inició una recogida de firmas entre los vecinos en apoyo del cierre con el objetivo de llegar a los 600 apoyos. En el año 2000, el afectado también recibió el respaldo de 400 vecinos, aunque esto no ayudó a clausurar el negocio. Durante estas dos décadas, Adame ha acudido a la Guardia Civil y a la Fiscalía para resolver el problema y se ha entrevistado con numerosos responsables políticos, sin que el problema se haya resuelto.