Primer varapalo judicial a la reforma del sector público de la Junta. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido la primera sentencia en la que se anula parte decreto aprobado por la administración autonómica. En concreto, la Disposición Adicional Segunda de esta ley -que trata de la integración de los empleados de las fundaciones y empresas públicas a las nuevas agencias- por considerar que se "vulneran los derechos fundamentales" de los funcionarios. Se da por tanto la razón a los empleados públicos que iniciaron su batalla hace más de un año y en la que denunciaban que con el nuevo decreto se favorecía el enchufismo, ya que se consideraba como empleados públicos a personal que procedía de la empresa privada y que no había pasado un proceso de oposición. La sentencia que pronunció ayer el TSJA y a la que tuvo acceso este periódico, se refiere al caso concreto de la integración del personal del antiguo Instituto Andaluz de las Artes y las Letras en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, la nueva agencia pública creada tras la reordenación del sistema público y a la que han pasado 534 trabajadores. Se trata de uno de los 16 recursos que el bufete de Mariano Aguayo ha presentado como representante de los afectados, procedimiento que se ha repetido en todos los casos de las nuevas agencias públicas.

En el auto del juez, por tanto, se establece que la disposición adicional segunda del decreto "quiebra la igualdad, porque al integrar directamente al personal" del Instituto a la Agencia, "pasa a formar parte de ella como personal público, pero claro está sin respetar los principios rectores de acceso al empleo público exigidos en la Constitución y en el propio Decreto impugnado". El juez afirma en la sentencia que se trata de una "flagrante vulneración de esos derechos fundamentales" que se refieren a la igualdad "con una clara repercusión en los funcionarios y personal laboral fijo de la Junta, que ven lesionados no sólo sus derechos de acceso en condiciones de igualdad, sino a los que ya hayan accedido al empleo público". La sentencia también reconoce que la disposición anulada "puede afectar a los derechos de acceso, promoción y traslado para la provisión de vacantes de los funcionarios y personal laboral para toda la administración de la Junta de Andalucía".

"La solución no podía ser otra", afirma el juez, puesto que la Constitución "determina, en primer lugar, una libertad de acceso de los ciudadanos a dichas funciones públicas, que sólo puede ser exceptuada por muy excepcionales razones objetivas" que, en este caso no se cumplen, según ha quedado reflejado en el fallo de la sentencia. A efectos prácticas, desde el bufete Mariano Aguayo Abogados aseguraron que hay dos formas de ejecutar una sentencia: cuando ésta se firme -porque no hay otra posibilidad- y hacer una ejecución provisional. En cualquier caso, al TSJA le corresponde pronunciarse sobre la ilegalidad del contenido del decreto, pero ahora es la Junta la que tiene que articular los cambios necesarios en el texto. Contra la sentencia que se falló ayer cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que la administración autonómica puede presentar en un plazo de diez días.

El portavoz de los funcionarios púbicos, José María Herrera, aseguró ayer tras conocer el contenido de la sentencia es "importantísimo" que supone una "bocanada de aire" para los funcionarios. Los empleados públicos quisieron dejar claro ayer que su lucha no es por ellos mismos, ya que los actuales empleados públicos no pierden derechos "sino por la ciudadanía, porque queremos mantener la dignidad y decirle a los políticos que no pueden hacer los que ellos quieran". Los afectados han mantenido desde el principio que el decreto de la Junta favorecía la "colocación a dedo" de los empleados públicos y en esto han basado su lucha que ahora tiene su "recompensa". Se han presentado otros recursos por el mismo motivo que han sido admitidos a trámite y de los que aún no se ha emitido sentencia todavía.