Un texto abierto, sujeto a múltiples interpretaciones y que abre tantas interrogantes como respuestas da. Así es el anunciado decreto de la Junta sobre las parcelaciones, actualmente en fase de borrador y susceptible de ser modificado por alegaciones. Traerá algunas modificaciones de la actual situación, que no son generales y que dependerán de la praxis, del día a día y de la voluntad política. El documento, sin ser una barra libre para los parcelistas, establece algunas facilidades para el acceso a los servicios básicos aunque realizando una puntualización: todo suelo protegido por la razón que fuere (natural, paisajística, por riesgos climáticos) queda directamente excluido de toda facilidad que pudiera incluirse en la norma.

El borrador empieza por el principio. Será el PGOU -por medio de una revisión, con voto vinculante de la Junta de Andalucía- quien, por medio de un inventario, decidirá cuántas agrupaciones de parcelas -o parcelaciones- existen en un determinado término municipal. A partir de ahí se establecen tres tipos de viviendas: las aisladas, las que están en asentamientos ("viviendas próximas, generadoras de actividad urbana y que precisen de servicios colectivos", dice el decreto) o en hábitat rural diseminado (cuyo ejemplo serían las zonas de repoblación del Ministerio de Agricultura, los huertos familiares).

Los más beneficiados serán los parcelistas que estén "aislados", una figura que no excluye al concepto parcelación. El decreto asigna esta figura a las parcelas que tienen casas próximas -o no- pero que no llegan a generar un asentamiento urbanístico, una zona lo suficientemente consolidada. Aquí viene otra de las grandes novedades que sí puede tener influencia en Córdoba. En ese caso, se podrán acoger a una figura que no legaliza la vivienda ni el suelo en el que se encuentra pero que le concede un régimen "asimilado al fuera de ordenación". Para ello, la casa tiene que haber estado, una vez acabada, más de cuatro años en pie sin tener una orden de demolición (con lo que habría prescrito la infracción). Básicamente, la norma permite que se desarrollen iniciativas de servicios siempre que sean autónomas, lo que permitiría la creación de depuradoras biológicas individuales. Excepcionalmente, y si se encuentran cerca de redes, se permitiría el enganche de luz, agua y alcantarillado. Los propietarios son los que tienen que pedirle al Ayuntamiento que los declare en ese régimen por medio de un expediente que cuenta con supervisión autonómica. Se insiste: dado que el borrador de decreto excluye los suelos protegidos, el decreto no tendrá alcance ni en Medina Azahara, ni en la Sierra, ni en las riberas de arroyos o ríos. El Ayuntamiento podría, llegado el caso, autorizar obras de mejora tanto en las viviendas como en el entorno para garantizar "la seguridad, la salubridad y el ornato". El modelo elegido da al traste con los planes especiales impulsados por el PGOU de Córdoba para las parcelaciones que no lograban llegar a la legalidad. Todos los ayuntamientos estarán obligados a establecer una ordenanza general que designe cuál es el nivel de habitabilidad y de dotaciones que se han de disfrutar en las viviendas de las parcelaciones.

El caso de Córdoba es que el PGOU ya hizo un inventario entre 2001 y 2003 y generalizó el modelo de zonas dotadas de equipamientos colectivos. Las parcelaciones que se califiquen como agrupadas, como colectivos urbanos necesitados de servicios comunes, tendrán, aproximadamente, un camino hacia la legalización muy similar al que en estos momentos señala la legislación urbanística, de escaso éxito.

Se establece una gran novedad y es que el sistema natural de legalización de una parcelación será el de la cooperación y no, como ahora, el de compensación. La diferencia es notoria. Con el actual proceso, los propietarios se reúnen y ponen todo el dinero necesario para realizar las urbanizaciones y las infraestructuras precisas. Con el sistema de cooperación, es el Ayuntamiento quien impulsa esas obras y las contrata cobrándoles el coste en forma de derrama a cada uno de los propietarios. La inversión sigue siendo, a fin de cuentas, privada en su totalidad.

La medida, que forma parte del programa electoral del PP para Córdoba capital, incrementa el papel del municipio en el control práctico de la legalización de las viviendas. El nuevo panorama establece algunos cambios relativos a que las parcelaciones no computarán a efectos de población (lo que tiene efectos en los municipios con menos habitantes) y establece novedades en aquellos casos donde se produzca un grado de desarrollo tal que se disponga de dotaciones suficientes o estén muy cerca del núcleo consolidado de la ciudad y sus pedanías.